La Universitat Jaume I (UJI) ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Ministerio de Hacienda de tumbar su petición de ampliar en 46 plazas la plantilla docente funcionaria a través del mecanismo establecido con la Universitat Politècnica de València (UPV) por el cual le cede los puestos que le corresponden en su tasa de reposición y no usará.

Esta fue una solución pactada por los dos campus a la que la Jaume I dio luz verde el pasado diciembre ante el «grave problema de relevo generacional y de estabilización» de su personal docente e investigador, con más de 140 solicitudes en lista de espera para promocionar a figuras de profesorado contratado laboral o titular, según la rectora, Eva Alcón.

En el recurso, al que ha tenido acceso Mediterráneo, la UJI argumenta que las plazas en cesión permiten la estabilización de profesionales ya contratados y no plantea problemas de desequilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera a la Generalitat. Argumenta que «el coste económico es mínimo y se compensará con medidas de ahorro en la planificación docente que asegurarán una incidencia presupuestaria efectiva nula».

Además, la UJI alerta de la «importante pérdida de capital humano ya formado y productivo, en docencia e investigación, que se perdería de no autorizarlas». Cita el «problema de afianzamiento» que sufre de plantilla, debido a su juventud y a las escasas jubilaciones, lo que provoca que el número de docentes que responde a necesidades estructurales y obtiene la acreditación excede la tasa de reposición, restringida.

La Jaume I argumenta que la cesión generará plazas de contratado doctor vacantes que se podrán usar en la tasa de reposición del año siguiente y paliarán este problema. Y recuerda que, «de no autorizarse, un elevado porcentaje de ayudantes doctores cumplirá el límite de cinco años de su contrato sin posibilidades de asentarse en Riu Sec, pese a existir objetivas necesidades estructurales en docencia y de que el porcentaje de asociados supera el máximo legal del 40% previsto en la Ley de universidades».

Si la Jaume I no puede convocar las plazas a las que promocionar, deberá cesar su relación laboral pasados los cinco años, y dotar nuevas plazas, con el consiguiente esfuerzo económico «de nuevo». Hasta ahora, la situación se resolvía con la figura de profesor contratado doctor interino, ahora cuestionada y que en un futuro no va a poderse usar.

Además, la UJI indica que en el 2011 implantó nuevos estudios de Ciencias de la Salud, con dos titulaciones fuertes como Medicina y Enfermería, que «siguen generando nuevas necesidades docentes» y que esta situación «no se prevé en el cálculo de la tasa de reposición del campus».