Ultimátum de la Plataforma de la Dependencia de Castellón para exigir la devolución del copago cobrado ilegalmente entre 2012 y 2015. En Castellón se presentaron 3.000 solicitudes de devolución de las cantidades en las que vieron recortadas las prestaciones por dependencia y copagos en centros durante ese lapso. De momento, no han visto ni un euro y el plazo para responderlas ha vencido, con lo que, legamente, no les quedaría otra que acudir a la vía judicial, aunque la Consellera Mónica Oltra se ha comprometido políticamente a abonarlas. Ahora, piden hechos y no palabras.

La plataforma recuerda que el periodo para presentar dichas reclamaciones expiró el 23 de septiembre del 2017. Como explica Carmen Santamaría, portavoz de la plataforma, el plazo que marca la ley para responder a esas instancias, que es de seis meses, ya ha transcurrido y la gente empieza a preguntar qué tiene que hacer porque no ha recibido respuesta de la Conselleria.

Según Santamaría, la coordinadora del País Valencià ha instado a la gente en un tríptico a presentar igual una reclamación patrimonial, lo cual considera «una barbaridad», porque «las van a denegar todas y no están resolviendo ni lo que tienen que resolver». Apela a no sobrecargar a la administración con instancias que están fuera de plazo.

La plataforma de Castellón ha citado a los afectados a una reunión el 29 de mayo para informar sobre lo que pueden hacer, en estos casos y en los de aquellos que fallecieron sin percibir la ayuda (en este caso no hay fecha límite para solicitarlo).

Santamaría señala que la vicepresidenta dio el compromiso político de que iba a atender las reclamaciones e iba a pagar, pero con la ley en la mano están todas desestimadas por silencio administrativo, por lo que habría que ir al contencioso. «Hay personas que han recurrido, pero queremos evitar la vía judicial porque supone un gasto económico que muchas familias no pueden permitirse», señala. Hay gente que ya lleva año y medio esperando.

«La legislatura se acaba dentro de un año. Vamos a intentar hasta el último día que Oltra cumpla su palabra», advierte. Sin embargo, dice, «no se ha abierto procedimiento administrativo, no hay hoja de ruta ni sabemos si tiene dinero o personal para atender las 3.000 que hay solo en Castellón y muchas están duplicadas y triplicadas». «Hay personas que vieron reducidas sus ayudas en 300 € al mes durante 36 meses, más los intereses», señala.