Al margen de las polémicas políticas que acompañan en las últimas semanas a las acciones públicas en contra de la violencia de género, el pleno de la Diputación de Castellón aprobó ayer una declaración institucional por el cumplimiento del pacto que busca erradicar esta lacra.
Fue uno de los puntos destacados en los que se aplicó una acción de consenso durante la sesión, en la que, de quince puntos, nueve fueron aprobados por unanimidad.
Además de este y de la petición de la A-7, del transporte adaptado, el adelanto de las ayudas al paro agrario, actuaciones en carretera en la Pobla de Benifassà y las bases del plan 135, contaron con el apoyo de PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y CSeM, la cesión gratuita de la propiedad al Ayuntamiento de Morella del edificio Colomer Zurita; y la modificación de la plantilla y la relación de los puestos de trabajo del personal de la Diputación provincial. También fue el caso de la regulación y activación del taxi rural con fines médicos, dotada con la importante cantidad de hasta 650.000 euros. De esta cifra, los municipios que cuentan entre 300 y 2.000 vecinos percibirán la mayor cantidad, 371.000 euros; que se distribuirán a razón de 2.500 euros para las poblaciones con menos de 300 habitantes y 16.000 para la horquilla entre 2.500 y 5.000 mil.
Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del programa Repoblem, con el que pretenden frenar al máximo la despoblación en el interior de la provincia.
En relación con las abundantes votaciones unánimes, desde la Diputación indicaron que son ejemplos que «reafirman» la política de consensos que lidera el presidente provincial, Javier Moliner, cuya intención de mantener hasta el final de la legislatura ya anunció el pasado fin de semana», durante su intervención en el Fórum Europa Mediterráneo, donde defendió, precisamente, una gestión de acuerdos.
