La asociación de vecinos Unión por la Marjalería denunció ayer que «el ministerio fiscal solicita a un matrimonio de asociados, dos años de cárcel, 40.000 euros de multa y el derribo de su casa».

El colectivo, que representa a unas 200 familias, denunció ya a través de este periódico un goteo constante de denuncias y de procedimientos judiciales «que nos llegan cada semana», la mayoría de los cuales, argumentaron, «por obras de mantenimiento en viviendas construidas en suelo no urbanizable, como el arreglo de humedades o reformas de techos». Aseguran que piden licencia al Ayuntamiento y que este no las concede al remitirles al desarrollo del plan especial de la marjaleria, que ahora modificará el PGOU, «pero la gente tiene que reparar sus casas. Son obras de primera necesidad, y por eso se hacen pese a saber que no tenemos licencia». Reparan igual sus casas y luego llegan las denuncias. Puntualizan que «el 95% de las multas son por reformas, aunque reconocemos que también hay, pocas, por nuevas construcciones».

En uno de los últimos juicios, pedían dos años de cárcel y 7.200 euros a un matrimonio en riesgo de exclusión social y es una de las multas más económicas, ya que algunas llegan a 35.000 euros.