El equipo de gobierno de la Vall d’Uixó advirtió en su día que iba a ser «implacable» con los contratos públicos, tanto los de servicios como de ejecución de obras, y esa amenaza ha tenido traslado en la apertura de expedientes sancionadores con más de 41.500 euros en denuncias por incumplimientos en las condiciones de varias adjudicaciones.
En esa situación está la empresa encargada de ejecutar la reforma del estadio municipal José Mangriñán, que deberá abonar una multa de 33.400 euros «por no haber acabado o no haber hecho las mejoras del contrato», señalan desde el Ayuntamiento.
múltiples críticas / El retraso de estas obras generó múltiples críticas contra el tripartito, que llegó a las anteriores elecciones municipales con unas instalaciones deportivas cerradas, a pesar de que las previsiones establecían que acabarían mucho antes.
La razón por la que los técnicos justifican la imposición de una sanción económica es que «el proyecto incluía realizar mejoras, como poner césped artificial en las medias lunas tras las porterías, habilitar un acceso desde el polígono industrial, e instalar hierba sintética en los campos de fútbol de Carmaday y la Colonia San Antonio» que están pendientes, según confirman desde el equipo de gobierno. Frente a la requisitoria municipal, la mercantil alegó que «había errores en el planteamiento y que las mejoras no tenían que ver con este» --siempre según la información facilitada por el Ayuntamiento--, pero sus argumentos fueron desestimados y la sanción, ratificada.
POLÉMICO ASCENSOR / En una situación muy similar se encuentra la empresa contratada para instalar el ascensor en el edificio consistorial. La penalización asciende a 8.100 euros, aunque las consecuencias económicas podrían ir más allá. Esta remodelación estaba sujeta a unos plazos de justificación, porque estaba ejecutándose con cargo a una subvención autonómica.
La concejala de Contratación, Zaida Moreno, especifica al respecto: «Si la Generalitat nos deniega la ayuda para accesibilidad les vamos a exigir daños y perjuicios». Una responsabilidad que está cuantificada y asciende a 33.000 euros, exactamente el dinero que aportaba el Consell.
Moreno es contundente al incidir en que «las empresas que se presentan a licitaciones a nivel municipal, especialmente las que son adjudicatarias, deben cumplir de manera estricta las condiciones del contrato, porque se está hablando de dinero público», puntualiza. «Si quieren trabajar para la Vall d’Uixó deberán hacerlo bien», subraya, porque «los incumplimientos tienen consecuencias», recuerda.
