El Ayuntamiento de Castellón celebra hoy a las 17.00 horas el pleno ordinario de septiembre. En el despacho ordinario, destaca la aprobación inicial de dos ordenanzas municipales; la de vados y la reguladora de la instalación de elementos de publicidad visibles desde la vía pública. También se abordará la creación del consejo de personas mayores.

En la parte extraordinaria está el asunto que se prevé más polémico: la moción del PP en la que insta a mantener la cruz del Ribalta en el parque y no reubicarla como ha anunciado que hará el equipo de gobierno.

Por su parte, Ciudadanos pedirá la rehabilitación integral del polideportivo Castalia a través de una moción, «para así corregir las deficiencias que afectan incluso en materia de seguridad a una de las instalaciones deportivas más antiguas y significativas de nuestra ciudad», según dijo el concejal José Antonio Zamora.

CATALUÑA // El conflicto catalán finalmente no ha entrado en el orden del día del pleno municipal, a pesar de las mociones, reconvertidas en declaraciones institucionales a petición de la secretaría, presentadas al respecto por los grupos, que no han obtenido la unanimidad requerida para entrar en la sesión. Con declaraciones de Compromís y Castelló en Moviment ya vetadas desde el lunes y, sabiendo de antemano que sería imposible la unanimidad, PP y Ciudadanos intentaron captar al PSPV hasta último momento, pero este se desmarcó, como ya avanzó ayer este periódico.

Desde el grupo municipal socialista consideran que el conflicto territorial abierto en Cataluña ha de tener una vía de resolución política. Su portavoz, Rafa Simó, remarcó que «no hay otro camino para solucionar el problema de Cataluña que el diálogo, la negociación y el pacto». Una posición que no comparte la portavoz del grupo municipal popular, Begoña Carrasco. «Marco se doblega a sus socios radicales y traiciona a los ciudadanos que creen en el Estado de Derecho». «El PSOE de Castellón ha sido incapaz de suscribir un texto conjunto con PP y Ciudadanos como sí se ha hecho en los ayuntamientos de Almassora y Vila-real, en la Diputación y en la FEMP». «El sillón de la alcaldesa está costando caro a los castellonenses. No se atreven a pronunciarse a favor de la legalidad porque Marco se ha vendido a Compromís y CSeM», dijo.