Varapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat al declarar la nulidad de los decretos 239 y 240/2015 del Consell que regulan las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico. El alto tribunal estima así el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Administración del Estado. Además, condena a la Generalitat y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a pagar las costas procesales. Ambas entidades recurrirán.
La Abogacía del Estado presentó un recurso argumentando que, al amparo del ejercicio de una competencia autonómica para la atención a personas en situación de desamparo, pretende dejar sin efecto una norma estatal que regula el copago farmacéutico y ortoprotésico, lo que implica una desviación de poder.
Y la Generalitat adujo que nada impide a las comunidades autónomas con competencia en materia de asistencia social otorgar ayudas a personas con prestaciones asistenciales de la Seguridad Social y que se encuentren en situación de desempleo, como los discapacitados y pensionistas.
El TSJCV considera que los autos impugnados no suponen una desviación de poder, pues al amparo de la referida competencia autonómica se persigue que aquellas personas en situación de desamparo, requieran una actuación protectora para atender una necesidades que no están cubiertas por la Seguridad Social en el actual contexto normativo.
Ahora bien, el alto tribunal estima que los decretos deberían fijar los presupuestos económicos que deben poseer las personas con diversidad funcional y los pensionistas para acceder a la subvención y, al no haberlo hecho así, considera que se ha incumplido el mandato constitucional y se desvirtúa la finalidad de las subvenciones que aquellas normas establecen.
La Conselleria de Sanidad asegura que «la sentencia no afecta a ningún caso a las ayudas actuales del año 2017, que seguirán concediéndose con total normalidad, ni a las aportada en el 2016, a las que hace referencia el TSJCV, ya que ya han sido ejecutadas».
El portavoz del Consell, Manuel Alcaraz, lamenta el interés del Gobierno de España en bloquear las iniciativas de la Generalitat «que no tienen un coste excesivo y prestan servicios de pura humanidad». «Si al Gobierno le hace feliz sumir en la incertidumbre a ancianos y a las personas más débiles, pues felicidades», indica. Considera que las ayudas están «suficientemente justificadas». El factor más «flagrante es que aportar ayudas a personas mayores con rentas inferiores a 18.000 € nos parece una cuestión de pura sensibilidad humanitaria», señala. Y anuncia que ultiman un recurso de casación.
CONSELLERIA // La consellera Carmen Montón pidió la derogación del RD 16/2012, a través del cual el Gobierno de Rajoy introdujo los copagos. E Ignacio Subías, desde el PSPV, anima al Consell a «seguir avanzando en la recuperación de los derechos» que creían «consolidados, como la sanidad universal, que el PP ha dinamitado». Mientras, el Cermi tilda las ayudas de una «necesidad imperiosa en el sector por ser un colectivo, el de la discapacidad, con una vulnerabilidad máxima».
