La vicealcaldesa y concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón, Ali Brancal, mostró ayer su descontento después de que el PP haya recurrido las leyes de Pobreza Energética y de Función Social de la Vivienda del Consell al Tribunal Constitucional.

La edila explicó que la ley de vivienda «tiene como objetivo proteger a los deudores hipotecarios en situaciones de emergencia social, paralizando los desahucios de la banca y protegiendo y explotando el parque público de vivienda, garantizando por fin un derecho subjetivo de vivienda digna». «Desde el minuto cero hemos estado trabajando estrechamente con la Conselleria de Vivienda para sacar las leyes, que en su implantación garantizarán esas soluciones que ahora son difíciles por carencia de apoyo normativo, pero ahora el PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad porque no quieren soluciones para las personas y solo piensan en los bancos, donde tienen sus amigos».

Además, Brancal resaltó que «desde que hemos entrado a gobernar esta ciudad las ayudas de emergencia para vivienda se vieron incrementadas con más de un millón de euros en 2016 y 2017».