El proverbio se le atribuye a Benjamín Franklin. En 1780, el que fuera uno de los padres fundadores de Estados Unidos, escribió una frase que hoy, 238 años después, casi todo el mundo comparte. «En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y los impuestos». Porque para cualquier familia la caja fiscal no se cierra nunca. Está siempre en marcha. Al encender la luz, a primera hora de la mañana; al abrir el grifo; al comprar el pan; al coger el coche... Ningún acto cotidiano está exento de impuestos y tasas, como tampoco lo está tener una casa en propiedad o comprar un piso en el que formar una familia o pasar las vacaciones. Porque la vivienda, además de un derecho constitucional, también es un filón del que se nutren ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. Tanto que cada año las distintas administraciones recaudan solo en la provincia de Castellón más de 246 millones de euros. Y subiendo.

De todos los tributos que afectan a la vivienda, el más polémico es, sin duda, el que grava los actos jurídicos documentados (AJD), conocido popularmente como el impuesto de las hipotecas y que está gestionado por las comunidades autónomas. El Gobierno acaba de obligar por decreto a que lo abonen los bancos, neutralizando así la decisión del Tribunal Supremo (TS) que, en una acción sin precedentes, enmendó su propio fallo y sentenció en contra de los consumidores. Solo por este concepto, la Generalitat Valenciana recaudó el año pasado en Castellón 7,9 millones de euros, una cantidad a la que hay que añadir otros 8,3 millones que abonaron quienes en la provincia compraron una vivienda nueva el año pasado y la pagaron al contado. En total, y según datos de la Conselleria de Hacienda, 16,13 millones.

Pero este gravamen es solo una de las patas en las que se apoya la fiscalidad de la vivienda, uno de los activos más sujetos a tributación. Porque a la hora de gravar la vivienda hay tributos para todos los gustos, desde el de transmisiones patrimoniales (ITP), también autonómico, el IVA (si es vivienda nueva), así como tributos municipales como el IBI o la plusvalía, cuestionada por los tribunales cuando no existe una ganancia patrimonial real.

EL IBI, UN MÁQUINA DE DINERO

La vivienda es un filón para las arcas de las distintas administraciones y el impuesto de bienes Inmuebles (IBI) es una máquina de recaudar dinero. Se trata de un tributo de competencia municipal que abonan todos los propietarios de viviendas, edificios o solares urbanos y es, además, el único impuesto del sistema fiscal español cuya recaudación nunca ha caído, ni siquiera en los peores momentos de la crisis económica. En el 2017, los ayuntamientos de Castellón recaudaron por IBI urbano 203,5 millones de euros, según los últimos datos de la dirección general del Catastro. Pero no todo ese dinero gravó la propiedad de las viviendas. De los casi 706.400 inmuebles urbanos de la provincia que pagan la contribución, 428.000 son viviendas (hay también 181.932 garajes, 25.841 inmuebles industriales o 13.629 locales comerciales), con lo que la factura anual del IBI a la vivienda asciende, según todas las fuentes consultadas a algo más de 127 millones de euros.

El IBI es un filón y en los últimos años, la contribución no ha hecho más que dar buenas noticias a los ayuntamientos de la provincia. Un par de datos basta para entenderlo: en 2008, los 135 municipios de Castellón ingresaron vía IBI urbano (incluye viviendas, pero también garajes, locales comerciales...) un total de 144,4 millones de euros. El año pasado fueron 203,5 millones, es decir, un 41% más.

La contribución la cobran cada año los ayuntamientos y otro impuesto que afecta directamente a la vivienda es la plusvalía municipal. Su denominación exacta es Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), y hay que pagarlo cuando un inmueble cambia de manos (el vendedor, en operaciones de compraventa; o el adquiriente, en caso de herencia o donación) y que grava la teórica revalorización que experimenta una vivienda durante los años transcurridos desde la anterior transmisión. Ese tributo, que en el 2017 fue anulado por el Tribunal Constitucional en el caso de que no haya ganancias, supone para los ayuntamientos de la provincia unos ingresos anuales de casi 19 millones de euros (dato del 2017). Esos 19 millones suponen, además, un 47% más de lo que los consistorios recaudaron en 2008, que fue 12,9 millones.

La Administración autonómica gestiona el impuesto de actos jurídicos documentados y también el de transmisiones patrimoniales (ITP), un tributo al que tienen que hacer frente todas aquellas familias que compran una vivienda de segunda mano. En 2017, los pisos usados supusieron en Castellón el 90,9% de las compraventas y eso explica porqué el Consell recaudó por este concepto 77,87 millones de euros.

La vivienda aporta cada vez más dinero a la Administración autonómica y una de las claves está en el alza que experimentaron estos tributos durante la anterior legislatura. Un dato. Hasta el año 2000, el tipo aplicado en el impuesto de transmisiones patrimoniales en la Comunitat Valenciana era del 6%. En 2001 aumentó al 7%, en enero del 2013 subió hasta el 8% y en agosto de ese mismo año volvió a incrementarse hasta el 10%. O lo que es lo mismo: un alza del 66,6%. Y con el AJD ocurre exactamente lo mismo: desde el 0,50% del 2001 al 1,5% que se empezó a aplicar en agosto del 2013. Además, la Valenciana pertenece al grupo de comunidades donde este último impuesto es más caro. En Ceuta, Melilla y Navarra y Euskadi, el tributo es mucho más económico, del 0,5%.

El Consell y los ayuntamientos no son las únicas administraciones que sacan tajada de la vivienda. El Estado también lo hace y, cuando se trata de compraventa de pisos nuevos o de primeras entregas, recauda el IVA. En 2017, teniendo en cuenta el precio medio de la vivienda nueva en la provincia, el Ministerio de Hacienda recaudó en concepto de IVA unos 6 millones de euros.