La nueva cita electoral del 10 de noviembre, y la consiguiente disolución de las Cortes, significará que a Castellón no podrán llegar durante este año inversiones muy necesarias que acumulan un retraso histórico. La incógnita sobre cuál será el Ejecutivo que salga de las urnas, además, deja incluso en el aire si dichos proyectos tendrán continuidad durante la siguiente legislatura.
El primer motivo de inquietud es qué va a pasar con la financiación autonómica, de la que dependen las inversiones de la Generalitat en la provincia. El adelanto de 250 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que está previsto que llegue antes del 9 de octubre, no soluciona la reivindicación de fondo: un cambio de modelo de financiación que haga que a la Comunitat llegue la aportación que por habitantes le corresponde.
Entre lo que está cuantificado, solo los proyectos incluidos en la frustrada propuesta de presupuestos para el 2019 del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez suman 246 millones de €.
CARRETERAS // Muchas de las actuaciones pendientes del Ejecutivo central en Castellón tienen que ver con infraestructuras viales. A los reivindicados accesos a la AP-7 o la prolongación de la A-7 --cuadro de la derecha-- se suman otras, como el acondicionamiento de la N-238 entre Vinaròs y el enlace de la AP-7 o la conexión de la CS-22 con la CV-10.
Los sectores citrícola y cerámico también sufren esta incertidumbre. El primero, porque de la negociación del Gobierno central dependen aspectos como una eventual aplicación de la cláusula de salvaguardia para la naranja sudafricana o la creación de un lobi en Bruselas. El segundo, porque al margen de los peajes del gas --cuadro de la derecha--, está pendiente de la creación de una oficina que trabaje en Madrid y en Bruselas a favor del sector, una promesa del president Ximo Puig. También en PortCastelló están pendientes del futuro escenario, pues dependen de los Presupuestos Generales aspectos como la prometida rebaja de tasas.
