El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quiere evitar en esta segunda legislatura que el Partido Popular pueda esquivar el Fondo de Cooperación Municipal, como ha hecho en la Diputación de Alicante durante los últimos años. El objetivo es que el dinero concedido a los ayuntamientos se distribuya con la menor arbitrariedad posible y en función de criterios objetivos. En definitiva, intentar poner coto al descontrol y al reparto por criterios políticos y clientelistas.

Las diputaciones de Valencia (presidida por el PSPV) y Castelló (del Partido Popular en el mandato anterior y ahora en manos socialistas) sí se acogieron en el Botànic 1 a este Fondo de Cooperación, pero no la de Alicante (PP), que optó por uno propio con unos criterios diferentes, lo que le permitía destinar las ayudas como en el pasado.

REGULACIÓN POR LEY // La manera de que no pueda actuar por su cuenta es regularlo por ley y no mediante decreto, como estaba en el mandato anterior. Eso es lo que piensan en el Palau de la Generalitat valenciana.

Puig tiene programada hoy una reunión con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (Partido Popular). El citado fondo será uno de los asuntos encima de la mesa. El nuevo responsable de la institución provincial ha manifestado su voluntad de restablecer relaciones con el Consell tras la etapa de César Sánchez, pero está por ver si esa declaración de intenciones pasa por asumir un fondo con unas condiciones que su predecesor combatió con fuerza.

El citado fondo tiene la firma del expresidente Eduardo Zaplana, pero no se activó hasta el 2015. El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, fue quien comunicó ayer la decisión de Puig de desarrollar por ley un fondo que está previsto en el Estatut d’Autonomia y que era una reivindicación histórica de los municipios.

DESPOBLACIÓN // Gaspar aseguró la intención del ejecutivo de aumentar la dotación del fondo en la medida que los presupuestos lo permitan y de incorporar el criterio de la despoblación a la hora de decidir la parte que corresponde a cada ayuntamiento.

El Consell del Botànic ha puesto cada año cerca de 40 millones de euros para activar este proyecto. En el 2019, 20,6 millones fueron destinados para los municipios de Valencia; 5,6 para los de Castellón y 13,7 para los de Alicante. El fondo prevé que cada diputación sume la misma cantidad, que los ayuntamientos reciben de manera directa, en función de una fórmula objetiva que contempla el número de habitantes principalmente.

ALICANTE, NO // Las de Valencia y Castellón sí lo han hecho en el pasado. No la de Alicante, que cuenta con un fondo independiente por la misma cantidad para actuaciones en los municipios, pero que adeuda en gran parte.

Puig y Gaspar también abordaron la colaboración de las diputaciones en programas específicos de la Generalitat. La de València ya lo ha hecho en la reforma de centros educativos y sanitarios. La idea es profundizar en esta cooperación para «evitar duplicidades», remarcó el presidente del gobierno provincial.

En todo caso, las comisiones de coordinación acordadas durante el año pasado están todavía pendientes de ser reactivadas, puestos que se encuentran en estado de letargo desde el mes de febrero, poco antes de que se pusiera en marcha toda la maquinaria necesaria para las elecciones autonómicas y generales.