La federación española (RFEF) pone orden en Segunda B y Tercera, categorías que rige y en las que cohabitan SADs con clubs a secas, entidades con estructuras profesionales con otras absolutamente amateurs, sociedades transparentes que acreditan hasta el único euro que entra y sale de sus arcas con otras opacas donde aflora el dinero negro... Así, ha instaurado un estricto control económico, que ya ha sido aprobado en comisión delegada e incluido en las normas de competición de esta próxima temporada, publicadas esta semana.
Así, los clubs deberán remitir a la RFEF «el estado económico-financiero de cada una de las entidades», «en aras a una mejora de los mecanismos de control y salvaguarda de los intereses de la competición». Por ello, ha fijado tres tramos o fechas para todos los clubs. En el primero, que concluye el 20 de septiembre, todos los clubs deberán presentar una previsión de cierre de cuenta de explotación y balance cerrados a 30 de junio del 2019, además de un proyecto de presupuesto para la temporada ya en curso. A esto hay que sumar el listado de deudas vencidas pendientes de pago a 30 de junio correspondientes a la temporada pasada y adjuntar todos los contratos de trabajo de plantilla y entrenadores.
La segunda expira el 31 de diciembre. Para entonces, todos los clubs de Segunda B y Tercera deberán enviar a la RFEF el cierre definitivo de la cuenta de explotación del último ejercicio a 30 de junio del 2019 y el balance definitivo de la 2018/2019. Antes del fin de año, mensualmente o trimestralmente (según corresponda), deben acreditar la liquidación de cotizaciones sociales, además de los impresos de declaración tributaria de IVA e IRPF, así como los aplazamientos.
Por último, a 28 de febrero del 2020, las entidades habrán de informar sobre el estado de las cuentas de explotación y el balance cerrado a 31 de diciembre del 2019 correspondiente al primer semestre de la temporada.
Además, en cualquier momento, los clubs tendrán que notificar los nuevos contratos en la plantilla y entrenadores.
La RFEF habilitará un soporte digital para facilitar el envío de los documentos. Además, el propio estamento federativo elaborará formularios estándar para unificar la información que deba ser remitida por las entidades.
Se trata de un estricto y férreo control económico que no tiene precedentes en la RFEF, que pretende implantar un modelo similar al existente en LaLiga (Primera y Segunda A), siguiendo los preceptos de la UEFA.
¿Es una medida legal?
Con todo, hay voces discordantes que consideran que este control económico no es del todo legal, con motivo de la aprobación, el 10 de junio, de los nuevos estatutos de la RFEF, pendientes del visto bueno del Consejo Superior de Deportes (CSD), donde ya incluía esta facultad federativa.
