Una sentencia judicial lo dejó claro. El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó convocó en el 2010 un proceso selectivo de auxiliares administrativos de manera ilegal y, por lo tanto, no solo anularon todos los efectos de dicha oposición, el fallo también obliga a volver a convocar las pruebas selectivas, notificando esta decisión a todos los aspirantes.

Son cientos de personas, casi 700, y en todos los casos no ha sido fácil localizarlas, como confirma el concejal de Personal, Javier Ferreres, quien advierte de que se trata de la «repetición» del examen, no de un nuevo proceso selectivo, de manera que solo tendrán derecho a participar en las pruebas pertinentes quienes lo hicieron hace nueve años.

El origen de esta singular circunstancia está en la composición del tribunal que debía valorar a los aspirantes, que conformarían una bolsa de trabajo. El presidente era el jefe de Personal, cargo de confianza de la alcaldía y por lo tanto, trabajador interino del consistorio. Como especifica la sentencia judicial, quienes forman parte de los tribunales en oposiciones públicas deben ser funcionarios de carrera en la administración convocante. Este no era el caso. De hecho, el presidente nombrado a través de un decreto de alcaldía --firmado por Isabel Bonig-- era funcionario (Policía Local) en Catarroja.

Tras publicar el resultado de las valoraciones, uno de los aspirante presentó un recurso contencioso-administrativo que inició el procedimiento que el día 12 de febrero próximo tendrá su culminación. Para Ferreres, esta es una constatación más «de la nefasta política realizada por el Partido Popular los últimos años en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. Una sentencia más».