Más de 200 casas de la urbanización la Foya de Vilafamés tienen limitado el uso de agua. Los problemas en sus propios pozos ocasionan que, durante el día, prácticamente cerca de 450 vecinos de esa zona no tengan servicio hídrico y dependan de los depósitos privados de sus viviendas. Además, deben afrontar gastos derivados de las cubas para tener suministro, que cifran entre 120 y 150 euros al mes.

A ello cabe sumar que el agua de este área residencial no cumple con los informes de Sanidad y, por lo tanto, no es apta para el consumo humano, pues está considerada como de riego. Por ello, reviste riesgo beber o utilizarla para cocinar. Los que viven allí están obligados a usar garrafas y tiran de ingenio para salir adelante y ahorrar cada céntimo.

Una situación «grave» como denuncian desde la Comunidad de Propietarios de la Foya. «Renovar los pozos en mal estado es insostenible y no sirve para el futuro, porque los informes sanitarios no autorizan el uso de la conexión. Así no podemos estar», explica su presidente, Carlos Agustín.

Para buscar soluciones, mantuvieron reuniones con el Ayuntamiento. «El pasado verano los avances fueron positivos. El gobierno local nos pasó un presupuesto de Facsa de unos 82.000 euros para ejecutar una tubería externa que uniría nuestro depósito con el de la Barona. Casi un año después, seguimos igual, y desde el consistorio nos garantizan que trabajan en ello, pero sin resultados», según Agustín.

Los propios vecinos estarían dispuestos a pagar la inversión necesaria para contar con suministro potable en sus viviendas, porque tienen claro que seguir pagando por unos pozos inviables resulta un «sinsentido».

POSTURA MUNICIPAL // El alcalde, Abel Ibáñez, tiende la mano para aproximar posturas y desbloquear la problemática. Eso sí, descarta, por el momento, la canalización que anhelan los propietarios. «Esa infraestructura depende de legalizar el PAI, porque la zona no está clasificada como urbana. Por ello, no podemos impulsar ninguna obra. Podemos ayudar, pero dentro de unos límites», afirmó el munícipe.

Hace una década, el TSJ anuló el Programa de Actuación Integrada precisamente por carecer de un informe de suficiencia hídrica. El actual equipo de gobierno se comprometió a dar un empuje al nuevo plan, pero se encuentra con dificultades. «Tenemos pocos recursos y cuesta por el volumen que tiene. Los técnicos están pendientes de sacar los pliegos», indica Ibáñez.

Ante ello, a corto plazo, el futuro de la Foya se adivina complicado. «No les dejamos de lado, pueden arreglar los pozos y esperar a que llegue el PAI», concluye.