El asunto de gestión diaria más frustrante para los gobiernos locales es, a tenor de los hechos y las cifras, el vandalismo. Una preocupación de difícil control porque depende en exclusiva de la voluntad de algunos individuos de destrozar el patrimonio colectivo solo porque pueden hacerlo. Tan simple como incompresible.

Tratar de entender lo que mueve a quienes se dedican a pintar monumentos, paredes, mobiliario público, a romper juegos infantiles, elementos ornamentales, farolas, contenedores, papeleras... merecería de un estudio sociológico, tal vez psiquiátrico, aunque al final, la realidad a la que deben hacer frente los consistorios no tiene que ver con el porqué, sino con el cuánto.

Año tras año, en los presupuestos municipales habilitan una reserva para «imprevistos», una mera estimación, porque para los ayuntamientos resulta imposible prever y adjudicar con exactitud una cifra acorde al coste que supondrá subsanar los perjuicios del vandalismo. Así lo exponen en la Vall d’Uixó. Sin sumar el tiempo y el material que emplea la brigada municipal para estas reparaciones, «destinan muchas horas en las que podrían estar haciendo cosas productivas», desde el gobierno local calculan entre 60.000 y 70.000 euros lo que cuesta arreglar aquello que otros rompen intencionadamente.

Muy similar es la factura vandálica de Vila-real, donde la Concejalía de Servicios Públicos valora en unos 60.000 euros la reparación de sistemas de riego y juegos, sin incluir el gasto que genera en este capítulo Bicivila’t.

PROBLEMAS COMPARTIDOS / En Nules, el alcalde, David García, lo ejemplifica en la rotura de un juego infantil en el parque de la Masà: «El arreglo lo han presupuestado en 2.000 euros, un dinero que no se podrá dedicar a cosas más importantes». Aparte, está el tiempo que ocupan en estas intervenciones los integrantes de la brigada, que deben aplazar trabajos «de interés general».

Y la situación de Almassora no es distinta. En el consistorio indican que no es posible tener una estimación económica real porque algunos de los daños se reparan dentro de los contratos de gestión de servicios públicos.

Que las cantidades a desembolsar oscilan a capricho de los vándalos lo demuestra la información facilitada por el Ayuntamiento de Vinaròs. En el 2015 gastaron 10.900 euros para compensar sus acciones, 6.500 en el 2016, 7.800 en el 2017, 3.500 en el 2018 y en lo que va del 2019 ya se han perdido 5.300 euros. Más o menos las mismas cantidades que consigna Morella, que computa el agujero en una media de 6.000 euros anuales.

El concejal de Hacienda de l’Alcora, Robert Tena, asegura que en los últimos años están sufriendo daños valorados entre 5.000 y 10.000 euros. Entre las acciones más habituales, como sucede en el resto de localidades, están la rotura de papeleras, focos, pintadas o ataques contra monumentos y edificios públicos.

En esta cuestión no parece valer aquel dicho popular de que Mal de muchos, consuelo de...

Informan J. Nomdedeu, J. Ortí, Patricia Rodríguez, M. J. Sánchez, J. Flores y D. Donaire.