Más de 150 personas llenaron el local de la asociación de jubilados de Alcossebre para escuchar las explicaciones del director general de Ordenación del Territorio de la Generalitat, José Luis Fernando, sobre el polémico Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). Una propuesta urbanística de la administración autonómica que pretende preservar los pocos espacios de costa vírgenes de la Comunitat, a base de limitar las construcciones.

Esta fue la principal queja de buena parte de los asistentes en el turno abierto de palabras, expresada en algunos casos con notable vehemencia. Uno de ellos explicó que, tras la aprobación del vigente plan general, compró «terrenos en la zona de Capicorb, que ahora se quedan sin valor». Otros llegaron a decir que esta medida constituye «una expropiación encubierta» de zonas urbanizables y se aludió a la «inseguridad jurídica» que sufren los poseedores de fincas.

«Républica bananera» // Ferrando justificó la filosofía del Pativel en la necesidad de conservar paisajes de alto valor, que puedan aportar atractivo a la actividad turística. «Tenemos un modelo propio de países en vías de desarrollo, como de república bananera, que prima el modelo residencial, con apartamentos que están vacíos 10 meses al año», explicó. En cuanto a la situación en la que quedan los propietarios, aseguró entender que estén «enfadados, pero las expectativas de años pasados son ahora inviables por la realidad económica y por la legislación ambiental».

El alcalde, Francisco Juan Mars, también estuvo en la reunión y preguntó al responsable autonómico: «¿Dónde están las barbaridades en Alcossebre y las altas edificaciones que justifiquen la inclusión de más de un millón de metros cuadrados en el Pativel?». En este sentido, logró que Ferrando aclarara que la zona de Capicorb es, en estos momentos, urbanizable, pese a afirmaciones vertidas por otros representantes políticos en días anteriores.

El portavoz del PSPV, Joan Ronchera, anunció que su grupo alegará para que haya sectores que pasen del máximo nivel de protección al grado 2. El director general se limitó a responder que se estudiarán todas las alegaciones y «se aceptarán en la medida de lo posible». Habrá otro encuentro el 24 de enero, en el que se explicarán las alegaciones del Ayuntamiento. El plazo está abierto hasta el próximo día 31.