El próximo cierre de la guardería municipal de Alcalà, anunciado para finales de este mes, fue objeto de controversia en un pleno extraordinario. El punto del orden del día era una mejora de ayudas para los usuarios, pero hubo comentarios sobre el caso. El portavoz socialista, Joan Ronchera, solicitó una reunión «para que el Gobierno explique lo que quiere hacer», acusándole de «falta de transparencia». La concejala de Compromís, María Sorlí, solicitó que el consistorio asuma directamente la gestión «para que no estemos a expensas de que la empresa sea o no viable».

La portavoz del grupo dirigente, María Agut, respondió que desde que tuvo conocimiento «nos hemos puesto a trabajar», e insistió en lo ocurrido «en Alcossebre, donde pasó algo parecido, y ahora van muchos niños». El Ayuntamiento sacará un nuevo pliego, con medidas más ventajosas para los gestores. «No lo podemos hacer mientras hay un contrato en vigor, y tampoco podemos incorporar a trabajadores porque la normativa lo impide», mencionó, y espera que el cierre «dure el menor tiempo posible».

RETRIBUCIONES / La sesión también aprobó aumentar la retribución por acudir a la junta de gobierno. La oposición criticó que era una subida encubierta de sueldo del alcalde, Francisco Juan, que no tiene salario fijo y solo cobra por asistencias. Este respondió que su tope anual es de 44.400 euros, «por debajo de municipios parecidos», y explicó que pensaba compatibilizar estos ingresos con su pensión de jubilado, lo que le fue denegado, «a diferencia de otros alcaldes de localidades vecinas, por lo que estos serán mis únicos ingresos».