El plan de ayudas contra la pobreza energética que ha puesto en marcha la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio centró ayer el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, en el que el PP rechazó la adhesión directa al programa, aunque la concejala de Bienestar Social, Alejandra Roca, indicó que los Servicios Sociales municipales “tramitarán las ayudas y se remitirán a la Conselleria, para que proceda al abono de las facturas a las compañías suministradoras”.

A este respecto, el portavoz del PSPV-PSOE, Joan Ronchera, defendió en cambio que “muchos municipios se han sumado y ya se hizo una reunión a nivel provincial para aclarar dudas”, al tiempo que defendió “la buena intención que encierran estas subvenciones”. De esta forma, tanto los socialistas como los ediles de Compromís votaron a favor de unirse al programa, mientras que el edil de Ciudadanos no estuvo presente en la sesión.

DIFERENCIAS // El origen de las divergencias de los grupos en este asunto está en el modo de pago de las ayudas. Y es que el Ayuntamiento debería abonar por adelantado los recibos a las compañías eléctricas, a la espera de que la Generalitat reembolsara, posteriormente, la cantidad.

“Así se indica en la página web de la Conselleria”, dijo Roca, quien explicó que “hay dos opciones: adherirse y que el Ayuntamiento ingrese el dinero por adelantado; y otra que no está por escrito, que es tramitar las necesidades a través de nuestros Servicios Sociales”. A ello añadió que los interesados “pueden pasarse desde mañana --por hoy-- por el departamento para solicitarlo”.

Por su parte, el alcalde, Francisco Juan Mars, cerró el debate indicando que en casos como Xarxa Llibres se implicaron “prácticamente de inmediato”, pero en esta ocasión, afirmó, apoyarán “siempre a los ciudadanos que más lo necesiten”, aunque consideran “que la Generalitat, que es quien ha firmado los acuerdos con las mercantiles, es la administración que debe pagar directamente”. El Ayuntamiento cuenta con un plan de emergencias social de 30.000 euros. H