La alcaldesa de la Vall d’Uixó tendrá que declarar hoy por la mañana ante un juez por ser la máxima responsable de la decisión municipal que acabó con el derribo de la Cruz de los Caídos que presidía la plaza de la Paz en la ciudad hasta el mes de junio del 2017.
La asociación Abogados Cristianos interpuso una querella contra la munícipe porque consideraban que había cometido varios delitos, entre ellos un «posible tráfico de influencias en la adjudicación del citado derribo», así como otro de malversación de fondos --las denuncias más recientes--, que se sumarían a las de «prevaricación e incitación a la discriminación por la destrucción de la cruz», dado que esta entidad considera que el monumento ya no representaba al régimen franquista.
Baños, que en todo momento ha estado respaldada por los integrantes del equipo de gobierno (Esquerra Unida y Compromís), siempre ha defendido que la retirada de este símbolo construido por orden de Regiones Devastadas responde a la obligación de la administración público de cumplir la ley, en este caso concreto la estatal de memoria histórica y la autonómica de memoria democrática.
