La concejala de Territorio de Almassora, Carmina Martinavarro, confirmó ayer que ha concluido la identificación de las más de 80 fincas ubicadas en la franja que ocupará la pantalla verde del polígono del Serrallo. La consultora externa ha presentado el expediente en las dependencias municipales con el objetivo de que los servicios técnicos comiencen ahora el estudio que finalizará con la valoración económica de la expropiación de los terrenos.

Martinavarro señaló que es un paso indispensable para poder adquirir las parcelas afectadas por el parque público y avanzar en el proyecto de ejecución para mitigar el impacto ambiental que supone el polígono del Serrallo de Castelló sobre Almassora. «Es un proceso largo en el tiempo y caro económicamente, que saldrá adelante también con la cooperación de la Unión Europea, y al que tenemos que recurrir ahora para hacer frente a las consecuencias que ha acarreado la concesión irresponsable de licencias urbanísticas otorgadas en su día», detalla la edila.

FINANCIACIÓN // La creación de la pantalla verde está incluida en la estrategia Edusi, financiada con los Feder. El presupuesto local del 2019 asumió 16.819 euros para avanzar el proyecto de expropiación con la delimitación de las más de 80 fincas afectadas.

Además, las cuentas públicas del año pasado incluyeron los gastos de la asistencia topográfica que se materializó también con el vuelo de un dron sobre los terrenos colindantes al Serrallo. Las imágenes aéreas han permitido conocer la disposición de las fincas y los elementos que contienen para topografiar la superficie que ocupará la franja de pantalla verde que separará la zona industrial de las viviendas de la costa.

Entre los pasos que avanzó el equipo de gobierno en el 2019 figuran las reuniones con los propietarios de parcelas ubicadas dentro del perímetro afectado.

Al respecto, la alcaldesa, Merche Galí, señala que el proceso sigue ahora con una nueva reserva de fondos en el presupuesto del 2020 para el avance en la adquisición del suelo, que concluirá con la plantación de franjas de arbolado que permitirán reducir el impacto entre el 80 y el 90% sobre la población de la costa.