El pleno del Ayuntamiento de Almassora aprobó ayer por unanimidad la modificación de la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento a favor de vehículos que transporten personas con movilidad reducida, con el fin de evitar «determinados abusos y una gestión poco eficiente de los espacios para aparcar».

El texto es fruto del trabajo conjunto entre Servicios Sociales y Policía Local para regular las tarjetas acreditativas y favorecer el estacionamiento de personas con dificultades de movilidad o que padecen enfermedades graves.

La normativa recoge la posibilidad de suspender la tarjeta por incumplimiento de las condiciones de uso o uso inapropiado o ilegal, así como retirar el vehículo en reservas no personalizadas o en espacios que afecten a servicios públicos. Las infracciones están tipificadas como leves, graves o muy graves y llevan aparejadas multas de hasta 1.500 euros.

NOVEDADES

El texto incluye como novedades la creación de tres modalidades de autorización: de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida que son conductoras o no de un vehículo; para transporte colectivo con vehículos adaptados; y otras de carácter excepcional y provisional, por razones humanitarias, para aquellos que presenten movilidad reducida aunque no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología muy grave.

Los titulares de las tarjetas tendrán reserva de plaza de aparcamiento, previa solicitud y justificación de la necesidad, en un lugar próximo a su domicilio o puesto de trabajo, estacionamiento en lugares habilitados para personas con discapacidad y en zonas de aparcamiento de tiempo limitado, parada en la vía por motivos justificados y tiempo indispensable y acceso a espacios urbanos con circulación restringida.

La tarjeta será única e intransferible, solo podrá utilizarse en el formato original --en ningún caso fotocopias-- y se expedirá a favor de una persona física o jurídica o a la matrícula del vehículo si este es de transporte colectivo.

Servicios Sociales será el encargado de tramitar los expedientes de solicitud y verificar la documentación presentada.