El Ayuntamiento de Burriana augura nuevos derribos de construcciones ilegales en la marjalería, que está catalogada como zona húmeda protegida desde hace 14 años. El concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, reconoció que “hay sentencias que obligan a derribar”. Además añadió que existen “viviendas que no se podrán regularizar porque son incompatibles o muy posteriores a la declaración de zona húmeda”.

Por tanto, las tareas de derrumbe que se iniciaron ayer, como avanzó Mediterráneo, en un inmueble de este espacio del distrito marítimo, cercano a la Ratlla con Nules, no serán las únicas, aunque sí son las primeras. Pese a que la parcela tiene una zona calificada como urbanizable, la construcción se levantó en el trozo calificado con la máxima restricción y ahí la legislación ha sido implacable con el propietario, que ante la situación declinó realizar cualquier valoración al respecto y es partidario de terminar cuanto antes con el proceso.

El dueño se vio obligado a ejecutar la sentencia judicial que le obliga a demoler su casa, después de haber recibido un ultimátum judicial advirtiéndole de que incurría en un delito penal de desobediencia que podría conllevarle incluso pena de cárcel.

segundo caso // Otra vivienda de la marjal de Burriana está pendiente de ser derribada. Ya tiene sentencia firme y aunque carece del ultimátum del juzgado, sí que se vienen cumpliendo los últimos plazos legales para retrasar lo máximo posible el derribo. Calculan que en el término municipal habrá entre cinco y diez viviendas en proceso de derribo. El resto de procedimientos incoados, que están en vía judicial, se refiere a obras menores, aunque también ilegales en un terreno calificado como zona húmeda.

Se trata de pequeñas construcciones de barbacoas, cercados, escalera exterior e incluso la cubrición de parte de una acequia. En este grupo se engloba la inmensa mayoría de los procedimientos.

Y es que en total, el Consell ha impuesto cerca de 600 expedientes sancionadores en la marjalería de Nules (400) y Burriana (200). Estas multas coercitivas rondan los 1.000 euros, aunque este importe puede ser superior de acuerdo a los requerimientos recibidos por cada propietario. La mayoría alarga el proceso y agota la vía administrativa, pero cuando son los tribunales los que dictan sentencia de derribo ya no hay más recorrido posible. H