Tras las primeras reacciones después de conocer la resolución por la que se archiva la querella contra la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, por el derribo de la Cruz de los Caídos, desde el equipo de gobierno queda poco más que decir, salvo que el juez "nos da la razón y reconoce que lo que se hizo fue en cumplimiento de la ley de memoria histórica y respetando todos los procedimientos administrativos", como especificó la propia Baños.

Quienes la denunciaron tampoco han tardado en intervenir. Este miércoles, la asociación Abogados Cristianos hizo público un comunicado en el que anunciaban su intención de recurrir la decisión sobre esta causa, así como su pretensión de "emprender nuevas acciones legales", además de negar que el derribo de la cruz franquista haya sido archivado, a pesar de que, como se puede leer en el documento oficial, el magistrado afirma que «se decreta el sobreseimiento provisional de la presente causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones».

El juez resuelve que no hay indicios de un delito de prevaricación administrativa ni tampoco de incitación al odio, como habían apuntado tanto Abogados Cristianos como el PP en sus respectivas querellas, y en respuesta al revés de los tribunales, los primeros han optado por explorar otra vía: la de un presunto delito de tráfico de influencias, porque, según dicen, se adjudicaron las obras de derribo «a una empresa que era afín a su partido político» en referencia al PSOE.

Precisamente desde esta agrupación a nivel provincial, se mostró su apoyo a Baños por «dar la cara y defender sus principios hasta el final». A nadie se le escapa también que esta resolución podría afectar a los casos de las cruces de Betxí y Castelló.