La sentencia que obliga a la Vall d’Uixó a pagar 1.600.000 euros a la empresa Almalafa por el contrato de venta de unos terrenos, que se concretó en el 2009, detalla en el punto segundo de los fundamentos jurídicos que «la parte demandada» —el Ayuntamiento— «no ha comparecido al acto del juicio», por lo que prevaleció la argumentación de la acusación —la empresa— de que se habían vulnerado sus derechos.

Esa fue la base argumental expuesta ayer por el portavoz del PP local, Óscar Clavell, a quien la alcaldesa, Tania Baños, apuntó como responsable de este varapalo para las cuentas municipales.

En varios párrafos de la citada sentencia, el juez hace referencia a la no personación del abogado y los testigos del consistorio el día del juicio, unos hechos que «obligan a entender que no ha quedado probado» ninguno de los argumentos de defensa expuestos en la fase de instrucción, que se inició en el 2014 con la presentación de la demanda por parte de la mercantil. Como ha podido saber Mediterráneo, la defensa planteaba un incumplimiento contractual por parte de la compañía, entre otras cuestiones, por no haber realizado las mejoras contempladas en el acuerdo firmado en febrero del 2009, de manera que la omisión podría atribuirse a ambas partes. Por lo tanto, no habría razones de derecho para resolver el contrato en las condiciones en las que requería Almalafa, parte denunciante.

INTERROGANTE // La pregunta que nadie contestó ayer fue por qué el representante legal municipal y sus testigos no acudieron a juicio el 12 de febrero del 2016, pese a estar «legalmente citados».

La alcaldesa tenía el convencimiento de que el abogado contratado en su día por el PP fue el que no cumplió con su obligación. Sin embargo, este periódico tuvo acceso a documentación que acredita sobradamente que la relación contractual con el mismo finalizó el 31 de octubre del 2015, mientras que la portavoz municipal dijo que, según se le había informado, se desvinculó el 3 de marzo del 2016.

Ante estas dudas, Baños no dudó en afirmar que pedirán «responsabilidades a quien sea», dado que la no comparecencia habría perjudicado seriamente a los intereses municipales. Con todo, fue contundente al afirmar: «Lo único cierto es que estamos aquí porque nos denunciaron, porque el Partido Popular de Bonig y Clavell hizo otro empastre urbanístico, que acabó en los tribunales».

Quien fue concejal del área en el año 2009, Óscar Clavell, sobre el fondo del asunto, se limitó a decir que la empresa encargada de desarrollar el PAI entró en un concurso de acreedores, lo cual ralentizó el proyecto.