El pleno de Benicàssim dio luz verde ayer a la propuesta de impulsar una mesa de trabajo que redacte un código de buen gobierno para el municipio, con la intención de devolver la confianza de los vecinos en sus gestores públicos y que repruebe las conductas políticas donde se produzcan acusaciones falsas.

Aunque no se ha conseguido la unanimidad, ya que ni Compromís, ni ARA Benicàssim han votado a favor de dicha propuesta, el refrendo del PP, PSPV, Ciudadanos y ARB hará posible la ejecución de este proyecto.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha agradecido “a los grupos que han querido respaldar esta iniciativa, porque dejan patente su voluntad de que haya una mayor serenidad y ambiente de trabajo conjunto”. Este acuerdo nace tras el caso del Desarrollo Turístico de Benicàssim (DBT), por el cual el grupo de Compromís denunció a nueve concejales del anterior equipo de gobierno popular de Benicàssim, entre ellos a la actual alcaldesa. Finalmente el Supremo dio carpetazo hace varias semanas a este asunto al considerar que no había indicios de ningún delito. En este sentido, la alcaldesa ya anunció que estudian emprender medidas legales contras los denunciantes para que sufraguen el coste procesal.

Además, el pleno también aprobó, este vez con unanimidad, que el consistorio ayude económicamente a las familias si finalmente se instaura la jornada continua en el colegio Santa Águeda. H