«No hay ninguna deuda pendiente con los propietarios de la fase 1A de la Coma y tampoco hemos tenido acceso a la factura sobre el dinero que reclaman». El Ayuntamiento de Borriol, a través del concejal de Urbanismo, Simón Francisco (Compromís), salió ayer al paso de la denuncia pública de la entidad que representa a los vecinos de la urbanización, que demanda un pago pendiente del 2012 de 34.174,51 euros, por el arreglo de una tubería de desagüe que discurre por la avenida del Golf.

El edil lo dejó claro: «Intervención confirma que no tenemos ningún abono pendiente. Nosotros no somos los malos y seguimos las indicaciones de los técnicos municipales».

Los afectados, tal y como informó ayer Mediterráneo, basan sus quejas en un convenio de colaboración firmado en julio del 2012 por el entonces alcalde popular, Adelino Santamaría. En el mismo, el consistorio se compromete a afrontar una serie de gastos extraordinarios, cuyos abonos serían al 50% entre la administración local y las asociaciones o las comunidades de propietarios.

Respecto al acuerdo, Francisco remarcó: «No tiene base legal, ni lo he visto nunca. No pasó en su día por pleno, ni fue refrendado en su momento por los departamentos correspondientes, como Urbanismo o Tesorería. Son tratos que no cumplía el equipo de gobierno que los sacó adelante, ni los anteriores a nosotros». «Hacerlo sería prevaricar, porque es gastar dinero público sin el consentimiento técnico», subrayó.

Sobre su relación con el colectivo de dueños, que estudia alternativas para desbloquear la situación, el concejal consideró que «es muy buena, con un diálogo continuo y constante», matizó.

PLENO // En otro orden de cosas, pero sin dejar los asuntos urbanísticos, el pleno aprobó la liquidación del PAI cercano a la calle Sant Antoni. «Cumplimos una sentencia del TSJCV para revertir el suelo a su estado originario, basándose en la norma de 1996, porque hay un conflicto con unas vías pecuarias de titularidad de la Generalitat», indicó el edil.