La reclamación europea contra la millonaria indemnización concedida por el Gobierno central, a través de Enagás, a la empresa Escal UGS por el almacén de gas Castor empieza a dar sus frutos. Justo cuando los consumidores han empezado a pagar, en los recibos del gas, la compensación de 1.350 millones de euros, la Comisión Europea (CE) solicita explicaciones al ejecutivo de Mariano Rajoy sobre esta operación.

La Dirección General de la Competencia quiere averiguar si puede existir alguna incompatibilidad en el pago millonario a la compañía, tras la extinción de la concesión. La propia empresa renunció a la gestión del almacén, situado frente a las costas de Vinaròs, a raíz de los cerca de 500 seísmos registrados en la fase de pruebas para iniciar la explotación del almacén de gas. La CE espera la respuesta española a mediados del próximo mes para decidir si abre oficialmente una investigación sobre el caso.

La denuncia presentada por la patronal catalana Cecot, entre otras entidades, formula como principal argumento legal que el pago de la indemnización a Escal UGS es una ayuda estatal que favorece a una empresa privada respecto a su competencia, lo que equivaldría a una infracción del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que veta esta práctica.

Los denunciantes son asociaciones empresariales que representan intereses de usuarios de gas que se consideran afectados por la medida. “Nosotros lo que esperamos con esta reclamación es que se obligue al Estado a recuperar la indemnización satisfecha y, como segunda opción, naturalmente, que no sean los consumidores de gas --en buena parte industrias--, los que acaben pagando ese dinero y los intereses”, afirma Asun Cirera, abogada de la patronal Cecot.

silencio // En base a la respuesta que pueda aportar el Ministerio de Industria y a los argumentos presentados por los denunciantes, Bruselas evaluará si abre una investigación formal que podría derivar, en caso de prosperar, “en reclamar al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revertir la indemnización”, expone la abogada. De momento, la cartera, que ostenta en funciones José Manuel Soria, guarda silencio.

Mientras la CE investiga la indemnización del Castor, el juzgado de Vinaròs instruye la causa sobre la autorización a Escal UGS para construir la planta. H