El Ayuntamiento de Burriana ya tiene vía libre para incautar el aval bancario que asciende a un total de 187.839 euros de la mercantil L3M Construcciones, Urbanismo y Servicios, SA por no finalizar las unidades de ejecución A30-31, en la Serratella.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la ciudad de Castellón ha dictaminado a favor del procedimiento llevado a cabo por el consistorio burrianense respecto a la resolución del convenio urbanístico.

Esta era la sentencia que el Ayuntamiento estaba esperando desde el año 2014, cuando la mercantil decidió acudir a la justicia para recurrir el acuerdo plenario por el que se habían desestimado sus alegaciones contra la resolución del PAI un año antes.

Con el fallo favorable, el consistorio burrianense prevé ejecutar a lo largo del próximo ejercicio del 2017 las obras necesarias para finalizar la urbanización.

De la decisión del juzgado dependía el desembolso final que deberían realizar consistorio y vecinos, puesto que el dinero del aval bancario servirá, en parte, para finiquitar los trabajos.

LOS SERVICIOS // El PAI, que se adjudicó en el año 2005, tiene ejecutadas el 99,78% de las obras, con una inversión de 1.943.639 euros, y ya dispone de los servicios de agua potable, telefonía y saneamiento en funcionamiento, mientras que el alumbrado tiene una conexión provisional.

Es por ello que aún queda pendiente la conexión a los centros de transformación de media y baja tensión. Cabe mencionar que se calculaba que el montante económico que faltaba ascendía a 23.644 euros, una cifra que era la cantidad que reclamaba en su día la empresa Iberdrola para poder realizar las conexiones.

No obstante, durante el proceso de paralización de las obras se han producido cambios legislativos que obligarán a que la inversión final se situe entre los 250.000 y los 300.000 euros.

RECURSO CONTENCIOSO // Cabe recordar que el Juzgado de Castellón dio hace un tiempo algo de luz verde al plan de urbanización de este PAI al desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado contra los acuerdos plenarios que rechazaban las alegaciones a la resolución de la condición de agente urbanizador; un dictamen que se acordó el 7 de noviembre del 2013 y en el que se aprobó la incautación de la garantía de promoción.

El programa urbanístico ya hace más de un lustro que debía estar finalizado, sin embargo los vecinos de la localidad de Burriana aún tienen cuotas pendientes de pago por importe total que asciende a unos 114.000 euros.