La alcaldía del Ayuntamiento de Burriana ha firmado la «ejecución subsidiaria y forzosa de clausura del comedor social», alegando el incumplimiento voluntario de la licencia de apertura. La orden se ejecutará el 11 de enero, a las 10.00 horas, y tendrá carácter permanente hasta que «obtenga licencia de apertura de establecimiento». Este servicio lo gestiona a día de hoy Proyecto Social.
Todo se originó a raíz de la denuncia formulada por un vecino el pasado 15 de mayo referida a «molestias por olores ocasionadas por el funcionamiento de la actividad» en la calle Juan Bautista Rochera Mingarro. Dos meses y medio después, se abrió el correspondiente expediente de cierre tras comprobar estos hechos.
SIN ALEGACIONES // Al no aportar ninguna alegación, el 28 de septiembre, la junta de gobierno adoptó la medida de policía de clausura, así como el cese inmediato de la funciones. El 14 de noviembre entró un escrito por registro del consistorio en el que se argumentaba que, al tratarse de una pequeña oenegé con escasos medios, no podían hacer frente a las medidas correctoras ordenadas para la obtención de permisos oficiales y solicitaban que se dejara sin efecto la citada orden.
Por todo ello, tras desestimar las objeciones presentadas por Proyecto Solidario Burriana «por carecer de fundamento», confirmaron la clausura del comedor. Según ha podido saber Mediterráneo, sigue en funcionamiento, pero como punto de recepción y distribución de alimentos y en su interior no se sirven comidas, motivo por el cual el local cierra las puertas a media mañana.
El mal fario parece que persigue a la figura de estos centros sociales en la localidad. Las dos impulsoras del primer establecimiento acabaron con denuncias ante la Guardia Civil. Tras cambiar de ubicación, se pasó a la que en su día fue sede de comisión fallera, que no reúne los requisitos exigidos para desarrollar la actividad y, de ahí, la medida actual.
