El Ayuntamiento de Burriana aprobará la próxima semana la contratación de una operación crediticia por la que firmará un préstamo por importe de un millón de euros para hacer frente a dos sentencias judiciales referidas a sendas expropiaciones.

La operación más cuantiosa se refiere a una nave de venta de material y productos sanitarios y fontanería ubicada en la continuidad de la calle Baró tras cruzar la avenida Corts Valencianes y para unirla con los viales Abel Mus y avenida de la Marina. A finales del pasado año los tribunales dictaminaron que se debían abonar 506.579,93 euros, más los intereses devengados desde el 3 de marzo del 2010, momento en el que comenzó el litigio. El montante final se situará en torno a los 650.000 euros. El Tribunal Supremo reafirmó la sentencia del TSJCV, que a su vez ya hizo suyo el justiprecio del Tribunal Provincial de Expropiación Forzosa. Se trata de una expropiación que afecta a 840,34 m2.

La otra sentencia a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento se refiere a un terreno anexo al cementerio. En este caso, el consistorio debe abonar 477.921 euros a la mercantil Atilán SA, por la expropiación de una parcela de 1.700 m2. El consistorio recurrió la resolución del TSJCV, ya que éste había elevado el precio de la parcela de los 46.691,57 euros (26,12 €/m2) que había indicado el Tribunal Provincial de Expropiación Forzosa, a casi medio millón de euros que al final habrá que liquidar (1.800 €/m2).

El Tribunal Supremo inadmitió a principios de este año el recurso de casación sin entrar en el fondo de la cuestión, ya que el importe de la indemnización no alcanza los 600.000 euros. No obstante, el consistorio aún mantiene la esperanza de que sí se atienda su recurso respecto de otra parcela contigua y anexa al cementerio y propiedad de la misma empresa. Se trata de un terreno de 5.000 m2 que el Tribunal Provincial de Expropiación Forzosa valoró en 148.552,84 euros (27,48 euros/m2), pero que el TSJCV elevó hasta los 1.436.249,21. Para este caso, el Tribunal Supremo estimó el recurso del Ayuntamiento y condena a costas a la mercantil. H