El Ayuntamiento de Burriana ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a pagar 217.000 euros a Dragados y Construcciones S. A. por los retrasos en las obras de rehabilitación y ampliación del Teatre Payà.

El consistorio ya ha comunicado que, «al no ser una sentencia firme, es recurrible al Tribunal Supremo y, por ello, los abogados ya están trabajando en el recurso que se debe de presentar».

La resolución corresponde a uno de los dos procesos judiciales que interpuso la mercantil Dragados y Construcciones en el año 2015, en los que reclamaba un montante total de 721.608,52 euros como consecuencia de los sobrecostes e intereses de la reforma integral del edificio.

La empresa reclamaba estas cantidades a la Generalitat, pero también al Ayuntamiento de Burriana, a pesar de que la obra fue incluida en el Plan Confianza y de que fue el Consell la que licitó las actuaciones y las adjudicó.

El segundo de estos procesos era el que acogía la mayor parte de la indemnización solicitada. Un total de 657.580,45 euros en concepto de indemnización por «los daños derivados con motivo de la ejecución de las obras».

Se refería a los sobrecostes originados por la paralización de las acciones de rehabilitación, adecuación y ampliación de las instalaciones, como consecuencia de la falta de pago por parte de la Administración autonómica.

La compañía demandó un total de 109.326,32 euros en concepto de vigilancia de la infraestructura durante la paralización del proyecto; 68.000 euros del valor de la estructura; 262.000 euros de costes indirectos, 100.000 euros de gastos generales; y 116.902 euros al revisar al alza de los precios, motivada por la dilatación de las actuaciones en el teatro.

Finalmente, el TSJV ha estimado estos dos últimos apartados y, de ahí, la indemnización de 217.000 euros que desde el Tribunal anunciaron que debe abonar el consistorio burrianense.

SENTENCIAS DEL PASADO // La edila de Hacienda, Cristina Rius, explicó que «tenemos el presente y el pasado hipotecados por sentencias que no paran de llegar. En estos dos años que llevamos en el consistorio, ya hemos afrontado unos 1,6 millones de euros al respecto. Algunas no son culpa de nadie, pero otras se deben a decisiones del anterior equipo de gobierno que tenemos que pagar ahora». Un dinero, que según Rius, «destinaríamos a otras necesidades, pero que tenemos que sacar de remanentes y fondos».