El Ayuntamiento de Burriana aprobó el jueves por la noche, en el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, un código ético y de buen gobierno para el consistorio. Este reglamento, que no es de obligado cumplimiento, dice que los concejales no podrán participar en la presidencia de los actos religiosos como representantes del consistorio, sino a título individual. Una normativa que llega cuando faltan horas para el inicio de las procesiones de Semana Santa en la ciudad, con la controversia que despierta.

El documento consiguió el visto bueno de los 11 ediles que forman el equipo de gobierno, la abstención de los del Partido Popular y el voto en contra de Ciutadants Independents per Burriana (Cibur) y Ciudadanos (Cs).

LA ARGUMENTACIÓN oficial / El representante de Participación Ciudadana, Christopher del Moral, indicó que se basan en el «decreto 56/2016 de la Generalitat valenciana, que fue un código redactado por el Consell durante el pasado ejercicio». Del Moral añadió que en dicho escrito «se habla de la aconfesionalidad y de respetar el artículo 16 de la Constitución Española, es decir, de defender la libertad individual y religiosa en el ámbito privado».

Es por este motivo, prosiguió el concejal de Se Puede Burriana, por el que «un edil puede ir a cualquier acto religioso y de cualquier religión, pero de modo individual, no en representación del consistorio, porque hay que profesar respeto a todos los credos y a los ciudadanos que no creen en ninguna religión».

Del Moral quiso dejar bien claro que «no se prohíbe. Todos pueden ir, pero a modo individual», no como imagen consistorial.

Íñigo Losada, desde el Partido Popular, justificó la abstención de su grupo porque «este código, lejos de abogar por los principios de libertad y respeto que defiende el modelo del PP, impone limitaciones y restricciones en diferentes ámbitos de la vida municipal». Y aseguró que se trata de «un instrumento de adoctrinamiento político e ideológico del tripartito, que trata de imponer sus ideologías y criterios en un manual que no tiene ninguna validez legal» y cuyos principios éticos entienden «que deben presuponerse en el desempeño de la función pública», concretó.

Losada insistió en esta postura asegurando que el documento aprobado «incluye prohibiciones y restringe libertades tanto en el apartado religioso como el lingüístico» y no lo comparten.

INVITACIONES / La portavoz de Cibur, Mariola Aguilera, aseguró que cuando reciben una invitación para acudir a algún acto, les llaman «como representantes públicos». Y se preguntó: «Quiénes somos para decidir si nos invita la Iglesia o el imán de la mezquita para acabar yendo o no».

Por último, la edila de Ciudadanos, María Jesús Sanchis, advirtió que «la Constitución Española reconoce la religión católica y las demás». Y añadió: «Cuando acudo a una procesión lo hago porque voy a un acto social al que me han citado y este tipo de eventos se han convertido en actos sociales». «Por lo tanto, si prohíben que vayamos como concejales, que prohíban también el resto de citas sociales», propuso.

APLICACIÓN práctica / El debate está en la calle y ahora falta por ver la aplicación que tendrá este acuerdo. Será los próximos días, con motivo de las celebraciones de Semana Santa, cuando los vecinos podrán comprobar el cumplimiento de la medida.