El pleno del Ayuntamiento de Burriana declaró ayer caducado el procedimiento para la resolución de la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución D3.3, ubicada en el polígono de la carretera de Nules y paralela a la vía, que está prácticamente finalizada, pero con la empresa en concurso de acreedores. Un paso que reactiva la conclusión de las obras pendientes.

Desde hace varios años, una torre de tendido eléctrico de grandes dimensiones está en mitad de la calzada. Aunque algún tiempo el tramo estuvo cortado al tráfico por este obstáculo, lo cierto es que hace tiempo que los vehículos circulan por allí, ya que les permite acortar trayectos.

La adjudicataria en su día fue Urbasur Siglo XXI SL, firma que recurrió a los tribunales la resolución de la condición de urbanizador, por entender que uno de los plazos no se había cumplido. El juzgado les dio la razón y, ante ello, se debía ratificar la caducidad del expediente, para así abrir uno nuevo para rescindir el acuerdo con la mercantil.

AUTORIZACIÓN

De manera paralela, el consistorio trabaja en conseguir la autorización judicial para ocupar los terrenos para asentar las instalaciones eléctricas. Un aspecto que permitirá la retirada de la polémica torre. El edil de Urbanismo, Bruno Arnandis, apunta que «hay que adquirir zonas que están a nombre de la empresa» y, por lo tanto, no pueden «hacerlo sin permiso», pero al estar en concurso de acreedores, es la autoridad judicial la que debe permitir que las ocupen «para rematar los trabajos de esta unidad de ejecución», detalla el concejal. Este punto de la sesión plenaria fue aprobado por unanimidad.

Los concejales también se unieron para apoyar la resolución por mutuo acuerdo del contrato de adjudicación de la condición de agente urbanizador del PAI de las unidades de ejecución A-13 y A-34 a la unión temporal de empresas (UTE) Camí Fondo 1334. Arnandis explica que «es un problema heredado de la anterior legislatura, donde parece que el PP no acababa de cerrar ninguna UE en el término municipal»,

Este procedimiento, según el responsable de Urbanismo, «se solucionó de mutuo acuerdo, ya que las peticiones y reclamaciones apuntaban a ello», así que han intentado «ajustar el pago, además de cumplir con las reivindicaciones de los vecinos».