Calpe comunica su condición de aforado en el caso de la papelera

El exalcalde de Burriana José Ramón Calpe ha presentado un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Vila-real en el que comunica su condición de diputado autonómico y, por tanto, su situación de aforado, motivo por el que la causa que se sigue contra él, otro concejal y dos funcionarios por un posible delito contra el medio ambiente y los recursos naturales se dividirá en dos partes.

Así, para lo relacionado a Calpe se trasladará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), mientras que para el resto de los citados a declarar, se seguirá el proceso en Vila-real.

En principio, las cuatro personas debían declarar en breve en calidad de investigados pero, ahora, el proceso toma otro rumbo por el aforamiento de Calpe.

Así, el juez trasladará todo lo relativo al exalcalde y diputado autonómico al Alto Tribunal valenciano. El resto de la investigación y las declaraciones seguirán en manos del magistrado vila-realense que, en el caso de continuar viendo indicios de presunto delito, decidirá si eleva toda la causa al TSJCV o pide un suplicatorio para continuar con el caso.

Y es que, en agosto del 2014, Ciutadants Independents per Burriana (Cibur), presentó una denuncia ante el Seprona por la situación ruinosa que ofrecían las instalaciones de la papelera El Mijares y tras las pertinentes inspecciones, la Guardia Civil remitió la documentación a Fiscalía y a la Conselleria de Medio Ambiente. Unos meses más tarde, el 2 de noviembre, el fiscal jefe de Castellón remitió al Juzgado de Instrucción Número 1 de Vila-real la denuncia para que abriera diligencias previas y también se solicitó una inspección al Seprona para poder tener más información.

A principios del pasado año el juez emitió una providencia en la que pedía al Equipo de Protección a Naturaleza de la Guardia Civil que realizara un estudio “exhaustivo referente al estado de la antigua papelera El Mijares y, en concreto, sobre el peligro real que tiene para la salud pública la existencia de materiales que sean peligrosos”, así como determinar “las medidas adoptadas por las autoridades competentes”. H