El caso Castor se desinfla. Y es que el juez no ve delito y archiva la causa contra seis consejeros de Escal. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas en la costa frente a la capital del Baix Maestrat, estima la petición de las defensas y de la Fiscalía y acuerda el sobreseimiento libre del caso contra miembros del consejo de administración.

En su resolución, notificada ayer a las partes, el magistrado considera que «de las pesquisas no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los integrantes del citado órgano, que tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre del 2013, no habiendo tomado ninguna decisión en relación con la crisis sísmica» generada.

PROCESO ABIERTO // Por otro lado, el instructor mantiene la causa abierta por supuestos delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del consejo de administración de Escal, el consejero delegado y el coordinador y director general de la compañía, sobre cuya responsabilidad no se pronuncia en este auto.

Respecto de estos tres investigados, el documento señala que «de haber cualquier tipo de responsabilidad por los hechos investigados, asumieron la misma al manifestar que las decisiones eran tomadas por ellos».

El caso abierto se remonta a septiembre del 2013, cuando en la fase final de puesta en funcionamiento de la plataforma Castor se produjo un incremento de la actividad sismológica de la zona, pasando, en cuestión de un mes, incluso de días, de una zona de baja actividad de movimientos de tierra a ser considerada una zona de alta actividad.

INFORMES // Paralelamente, cabe recordar que el informe del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT en inglés) determinó que los microseísmos fueron provocados por el funcionamiento de la plataforma de gas pero, según el mismo documento, tanto los funcionarios investigados como los empleados y directivos de Escal efectuaron todos los estudios necesarios y adecuados. En la misma línea de argumentación se pronunciaron dos de los peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).