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EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 4 DE VINARÒS INVESTIGA LA CAUSA

El ‘caso Castor’ pierde fuelle tras las contundentes pruebas periciales

Estos informes se suman al de Massachusetts, que dice que los microseísmos no eran previsibles . El caudalímetro de la planta demuestra que Escal bajó el nivel de inyección de gas tras los sismos

 

La plataforma de gas del proyecto Castor está situada frente a Vinaròs, rozando la frontera con Cataluña. - MEDITERRÁNEO

R. D.
06/11/2017

Las últimas pruebas periciales presentadas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga las supuestas irregularidades en la concesión del proyecto Castor, desarman las acusaciones penales contra la empresa concesionaria del mismo, Escal UGS. De hecho, los datos aportados en sede judicial acerca del caudalímetro de la planta gestionada por Enagás demuestran que la filial de la compañía ACS redujo el nivel de inyección los días 12 y 13 de septiembre del 2013, tras los pequeños terremotos que se registraron frente a las costas vinarocenses, en el límite con Cataluña. Y lo hizo horas antes, incluso, de que el Observatorio del Ebro lo recomendara a la compañía como medida de seguridad.

Además, el equipo pericial avaló las operaciones de suministro de gas de la mercantil y las decisiones operativas adoptadas por la firma en el proceso de introducción del mismo y también durante los microsísmicos y así se puso de manifiesto en el informe aportado al juez instructor.

Se trata de unas pruebas que se unen al informe del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT en inglés), que concluyó que los pequeños terremotos que se produjeron en el 2013 frente a las costas vinarocenses fueron provocados por el funcionamiento de la plataforma pero, según el mismo documento, tanto los funcionarios investigados en el Juzgado de Instrucción número 4 como los empleados y directivos de Escal efectuaron todos los estudios necesarios y adecuados.

De hecho, el documento clave, que fue solicitado por el Gobierno central tras ordenar que se paralizara la actividad de la planta, despeja cualquier sombra de duda sobre la actuación de los funcionarios y técnicos que redactaron los diferentes estudios, ya que el trabajo que fue presentado en mayo por el Ejecutivo estableció que, en su momento y con la información y metodología disponibles, no se hubieran podido detectar riesgos sísmicos.

En la misma línea se pronunciaron dos de los peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que declararon en Vinaròs y que confirmaron que los trabajadores de los ministerios de Medio Ambiente e Industria solicitaron todos los análisis posibles en esa época para la correcta tramitación de la entonces necesaria plataforma subterránea de gas natural. De sus manifestaciones, vertidas en julio del 2016, se desprende que los funcionarios acusados de prevaricación actuaron de acuerdo a la ley.

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