El que pretendía ser un acto cultural más dentro de la programación de las fiestas patronales de Sant Sebastià en la Vilavella, en el que iban a ofrecer detalles sobre el proyecto de recuperación del castillo del municipio, pasó a ser motivo de profundas discrepancias cuando dieron a conocer el resumen del catálogo de protecciones desarrollado por la Universitat Politècnica de València, a partir de una subvención concedida por la Generalitat.

Y es que gran parte de los asistentes mostraron su oposición a las exigencias que podría suponerles la consideración de bien protegido de sus viviendas o elementos ubicados en ellas, tal y como recoge en el citado documento, resultado de un encargo realizado durante la legislatura pasada por el Ayuntamiento, a fin de «proteger y poner en valor nuestro patrimonio», como explicó ayer la alcaldesa, Carmen Navarro, y que fue sufragado con una subvención autonómica.

INVESTIGACIÓN CONCIENZUDA / El citado catálogo es el resultado de un proceso de investigación que, esencialmente, acreditaría los amplios valores patrimoniales que atesora el municipio, tanto en el ámbito público como en el privado. Y es en este segundo aspecto en el que aparecen las fricciones. Porque los vecinos no están por la labor de que se pongan límites a la gestión de su propiedad, sea por acción u omisión.

Navarro remarcó que el objetivo común es «tener un pueblo más bonito, más acogedor y que aporte la llegada de visitantes», pero a su modo de ver, eso no puede conllevar «que vayamos contra la voluntad de los vecinos». Para evitarlo, según su punto de vista, solo se puede optar por la vía de «hablar, no ocultar nada y que este sea un proceso abierto, de manera que la gente esté contenta de proteger lo que es suyo en lo que supondrá un beneficio para todos», precisó.

El catálogo establece cuáles son los elementos arquitectónicos que deberían preservarse, lo que podría suponer limitaciones para sus propietarios. La alcaldesa precisó, en esa línea, que «este es solo el inicio de un proceso muy largo» y que, por el momento, no tiene ninguna implicación.

Entre los planes municipales, a largo plazo, estaría incentivar o compensar a los propietarios que se pudieran ver afectados, con bonificaciones de impuestos.