La diputada del Ciudadanos (GPC’s) en el Congreso por la provincia, Sandra Julià, ha preguntado al Gobierno central sobre «el estado actual de las desaladoras de Orpesa y Moncofa, ambas inactivas». Julià ha explicado que «se trata de dos proyectos construidos en 2009, en pleno boom inmobiliario, cuyos municipios deben devolver el coste de obra de 104,5 millones de euros en 25 años comprometiendo el futuro de las arcas municipales y como el de un bien público y básico como es el suministro del agua».

Por ello, ha cuestionado al ejecutivo nacional «por un lado, qué fórmula sostenible de pago contempla para las localidades afectadas ya que las actuales cifras son inasumibles y por otro, a qué precio tendrán que pagar finalmente los vecinos el litro de agua». La diputada se ha interesado por «cuál va ser el coste de mantenimiento y explotación real de estas instalaciones, las cuales tienen que activarse antes del 31 de marzo de 2017, pues si se mantienen paradas corre el riesgo, además, de que se pierdan las ayudas europeas».

Desde Ciudadanos han pedido datos de «cuándo van a renegociarse los convenios de las desaladoras y con qué objetivos». Apostó por «buscar alternativas que no generen sobrecostes a los vecinos».