Apenas un mes después de que el Tribunal Constitucional anulara la indemnización de 1.350,7 millones por el cierre temporal del Castor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) del almacén de gas. Cumple así la sentencia del Constitucional que deja sin cobertura jurídica varias disposiciones del decreto ley que fijó la indemnización de 1.350 millones a los promotores.
Competencia, en la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre del 2017 y que se hizo pública ayer, indica que, además de paralizar los pagos, los titulares de esos derechos de cobro dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones.
Además, en aplicación de la sentencia, la comisión también ha eliminado del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso los costes de operación y mantenimiento del almacén de gas Castor, situado frente a la costa de Vinaròs, reconocidos con cargo al sistema gasista.
La CNMC redistribuye todos los meses el dinero que recaudan los distribuidores y transportistas de gas y electricidad entre los distintos agentes que tienen derechos de cobro en el sistema eléctrico y el gasista, a través de la liquidación de actividades reguladas.
El Gobierno suspendió en septiembre del 2013 la actividad de inyección de gas en el Castor, tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre del 2014 aceptó, mediante un decreto ley, la renuncia de Escal UGS --que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67%--- a la concesión de la instalación.
Como consecuencia de ello, el Ejecutivo central estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. Las entidades financieras Santander, Caixabank y Bankia adquirieron el derecho de cobro de la indemnización y son los que ahora la percibían a través de las liquidaciones de Competencia.
En diciembre, el TC anuló varias disposiciones del decreto ley de medidas del sistema gasista, al que el Gobierno dio luz verde durante el ejercicio 2014, por el que se fijó el resarcimiento para los impulsores del almacén. En opinión del tribunal, no concurría una «situación de extraordinaria y urgente necesidad» que justificara aprobar un decreto ley para «atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista».
tras el recurso del PSOE // Al respecto, el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón, Ernest Blanch, manifestó ayer que la decisión del CNMC, que considera que ha quedado sin cobertura jurídica el cargo mensual que se viene aplicando al recibo del gas de millones de hogares y empresas, «no hubiera sido posible sin el empeño del actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que cuando era diputado en el Congreso, en el 2014, lideró el recurso del grupo parlamentario socialista ante el TC contra la millonaria indemnización a la mercantil Escal UGS».
