El Castor está más cerca de su desmantelamiento... siempre y cuando el nuevo gobierno que salga de las negociaciones o de unas elecciones lleve adelante la propuesta del Congreso para su cierre definitivo y para recuperar la millonaria indemnización a Escal UGS. La Comisión de Industria del Congreso aprobó ayer por mayoría pedir al nuevo Ejecutivo central desmantelar las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural Castor, mediante una solución que no sea costosa para las arcas públicas, y recuperar las indemnizaciones pagadas a la adjudicataria.

Los grupos parlamentarios de Podemos-En Comú Podem-En Marea, PSOE y Ciudadanos pactaron una enmienda para establecer un calendario de cierre del Castor, una vez que haya finalizado el informe técnico encargado por Enagás al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, votaron a favor de esta iniciativa transaccional, que además urge impulsar acciones legales para recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS en concepto de extinción de la concesión, al entender que incurrió en negligencia y que la compensación debe limitarse al valor residual de la instalación.

Cabe recordar que el proyectó se inició en la época popular de José María Aznar y se aprobó durante la época del gobierno socialista de José Luis Rodríquez Zapatero. No obstante, el diputado del PSOE Erick Campos recordó que la posición de su grupo es de “cierre y desmantelamiento de la infraestructura”, y criticó que el Partido Popular coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

“INSUFICIENTE” PARA EL pp // No obstante, el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, argumentó su postura en contra en que la propuesta es “insuficiente” porque lo que solicita ya está incluido en un decreto aprobado en el 2014, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones. Y criticó que el “dañino” decreto que permitía a la firma recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto lleva la firma de un “socialista”.

Por Compromís, que votó a favor, Marta Sorlí denunció que el “Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino Pérez y para los bancos”. Y el portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, solicitó la creación de una comisión de investigación para aclarar las posibles responsabilidades, incluso penales, de populares y socialistas. No obstante, ya hay una instrucción abierta en un juzgado de Vinaròs, con 18 investigados (antes imputados). H