Torreblanca continúa los pasos con la intención de que en este primer semestre del año empiece a ser una realidad el PAI Doña Blanca Golf, enquistado desde el 2005. El Ayuntamiento ya dispone del convenio con Iberdrola que permite la construcción de la subestación eléctrica necesaria para dotar de energía al programa.

De hecho, el ambicioso proyecto contempla una extensión de casi dos millones de metros cuadrados y en su plan inicial --que se remonta a casi 15 años, cuando fue aprobado por la Conselleria-- incluía 600.000 destinados al campo de golf de 18 hoyos y un área de 1.233.255 m2 urbanizados, con 4.410 viviendas, hoteles, pistas de tenis, campo de fútbol, centros comerciales, 125.000 m2 de zonas verdes, paseo y parque litoral de 80.000 m2.

Se trata de una infraestructura eléctrica que asumirán los propietarios. Por ello, el consistorio delegará en la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) --que encabeza la Sareb-- el acuerdo con Iberdrola y se encargará de financiar la construcción que será ejecutada por la mercantil. Cabe recordar que el pasado mes de octubre, el consistorio anunció que finalmente será una AIU que suma un 65% de las propiedades quien desarrollará el plan. Concretamente, se trata de la Sareb, que tiene el 23,94% de la superficie; la urbanizadora en concurso Torremar, que posee el 12,62% y es la que aporta los metros de campo de golf; y en menor medida están integrados los bancos Sabadell y Santander; Procas; Grupo 10; Fomento Agrícola; y Urbanizaciones Dique.

La subestación, cuyo coste asciende a 3.640.349 euros, ya cuenta con los informes favorables de impacto ambiental y patrimonio por parte de los correspondientes departamentos autonómicos.

El consistorio está a la espera de firmar el convenio con los propietarios para licitar las obras, un paso que la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, confía en que se lleve a cabo durante este primer semestre del año.

Las nuevas bases del programa están adaptadas a la ley urbanística Lotup, la ley de contratos del sector público de 2018 y el Pativel, que da al PAI una moratoria de diez años para ejecutar la urbanización. Por ello, el periodo de ejecución de los trabajos pasa de 48 a 60 meses.