Almassora sigue esperando el visto bueno de la Conselleria de Vivienda que permita a los técnicos municipales acceder al edificio 167 de la avenida José Ortiz, más conocido como Grupo B, para poder realizar un informe de la situación técnica del mismo.
En breve se cumplirán cinco meses desde que el pleno del Ayuntamiento de Almassora aprobó en la sesión correspondiente a septiembre una moción al respecto que fue presentada inicialmente por el Partido Popular y Ciudadanos, con modificaciones del PSPV y Compromís, para solicitar al gobierno autonómico que declare competente al consistorio para elaborar un informe respecto a la situación técnica en la que está el Grupo B.
Sin embargo, fuentes municipales confirman que aún no han recibido respuesta a esta petición. En su día, desde el equipo de gobierno almazorense incidieron en que «el consistorio no puede acceder al bloque a realizar ningún informe de estas características, ya que no es de su propiedad, ni lo elaborará si no cuenta con los permisos de su titular». Este estudio, según explicaron las mismas fuentes, «podrá confirmar la ruina de las instalaciones o descartar este estado, sin dar hecho de antemano la resolución de los expertos».
A pesar de esta petición, el pasado mes de diciembre la alcaldesa, Merche Galí, hizo público el ofrecimiento a la Conselleria de Vivienda de la permuta de la titularidad del citado inmueble por otro municipal. Galí realizó esta propuesta a la responsable de la cartera autonómica, María José Salvador, para, de esta forma, «que el Ayuntamiento pudiera avanzar los trámites que conduzcan al derribo del bloque», según concretaron las mismas fuentes.
SIN NOVEDAD // Sin embargo, a fecha de hoy tampoco hay novedades al respecto, según ratifican desde el consistorio, si bien a principios de mes esta parte reconoció que el área de Urbanismo «no ha concluido las propuestas para la permuta», matizaron.
El derribo de estos bloques, que recuerdan un pasado conflictivo de la localidad, es una reivindicación histórica por parte de los vecinos de la zona y también de los representantes políticos.
En octubre del 2016 el consistorio en pleno aprobó una propuesta para instar a la Generalitat a dejar sin efecto el acuerdo de la comisión bilateral entre el Ministerio de Fomento y la Comunitat Valenciana para regenerar el área del 167 de la avenida José Ortiz, dotado con 1,7 millones de euros, que había suscrito la entonces alcaldesa, Susanna Nicolau, y que levantó ampollas.
De hecho, hasta tres acuerdos plenarios alcanzados el 19 de octubre del 2015, el 11 de enero del 2016 y el 14 de marzo del mismo año recogen la posición de los grupos municipales contraria a la rehabilitación del edificio y que señalan el derribo del bloque, que en su día fue foco de delincuencia y marginalidad, como única vía posible.
