El 64% de los municipios de la provincia no dispone de ninguna oficina bancaria. Cerca de 30.000 castellonenses no tienen acceso directo a ninguna sucursal y si quieren sacar dinero deben desplazarse a otras localidades, consecuencia de los recortes en el sector propiciados por el impacto de la banca digital.

Es la antesala de la exclusión social y una situación que pretende revertir, en parte, el Consell a partir del primer trimestre del 2020, fecha prevista para la instalación de los 47 cajeros automáticos en municipios y pedanías del interior castigadas por la despoblación. La iniciativa la aplicarán principalmente en Els Ports, Alto Mijares y Alto Palancia. En algunos casos servirá para reforzar el servicio, como en Morella, y permitirá tener acceso directo a dinero a 11.993 habitantes en núcleo poblaciones con una media de 300 vecinos, según las estadísticas que maneja actualmente la Generalitat Valenciana.

Forman parte de los 124 cajeros previstos para toda la Comunitat, con un importe que suma 4,9 millones de euros para el periodo del 2020 al 2023. De este coste, cerca de dos millones de euros, concretamente 1.880.000 euros, se materializarán en la provincia de Castellón, ya que invertirán 10.000 euros al año por dispositivo en concepto de instalación y mantenimiento.

La esperada medida divide la autonomía en cuatro áreas, atendiendo principalmente a criterios geográficos, y se incluye dentro del plan contra la exclusión financiera de la Comunitat Valenciana, elaborado por el Institut Valencià de Finances y la Agència Valenciana Antidespoblament.

subvención // Al servicio podrán concurrir las entidades financieras y cubrirá el suministro, instalación, soporte técnico y mantenimiento de los cajeros automáticos. Se realizará a través de la fórmula de subvención de ayuda de Estado y no por arrendamiento, por consejo de la Abogacía de la Generalitat, al no tratarse de un servicio público. «El decreto ya está firmado y estamos pendientes del visto bueno por parte de la Dirección General de Fondos Europeos (dependiente del Ministerio de Hacienda) para poner en marcha esta medida, novedosa en el conjunto de España, ante esta grandísima necesidad», explicó la directora general de la Agència Valenciana Antidespoblament, Jeannette Segarra.

«Una vez se aprueben los presupuestos de la Generalitat, previstos para finales de noviembre, y tengamos luz verde por parte del Gobierno, se pondrá en marcha el mecanismo para que los cajeros ya sean una realidad durante el próximo 2020», aseguró.

La iniciativa contempla que las entidades bancarias (podrán optar a un máximo de dos áreas) tendrán un máximo de 180 días desde la resolución de la concesión para colocar estos dispositivos con el fin de agilizar su puesta en marcha. Estarán ubicados en espacios municipales y si bien no necesariamente deberán estar accesibles al público las 24 horas del día, no deben estar más de dos jornadas inhábiles, aunque los ayuntamientos podrán ajustarlo a sus necesidades.