La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio cederá temporalmente al Ayuntamiento de Almassora el solar que quede tras el derribo del grupo de viviendas públicas José Ortiz, conocido como grupo B, para que lo destine a usos de finalidad pública. Así lo ha trasladado hoy la consellera de Vivienda, María José Salvador, a la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, en una reunión que han mantenido en el consistorio.
A mediados de enero, la consellera anunció un acuerdo con el Ayuntamiento para derribar el Grupo B y permutar el solar que quedará en la avenida José Ortiz 167 por tres solares en varios puntos del municipio. Sin embargo, tras las conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento, “finalmente se ha decidido que en lugar de permutar el solar resultante del derribo, la Generalitat cederá de manera temporal dicho solar al consistorio para que lo destine a fines públicos en beneficio de los vecinos de Almassora”, ha explicado Salvador.
Respecto a la hoja de ruta programada para el Grupo B, Salvador ha declarado que la licitación de la redacción del proyecto y de la ejecución del derribo se realizará “lo antes posible”, tras el desarrollo del proyecto y la adjudicación de las obras, de manera que la demolición se producirá en julio. La firma del expediente de derribo, “que es irreversible”, está prevista en las próximas semanas, tal como ha anunciado la consellera. “Esa será la única decisión que tomaremos al respecto del bloque”, según Salvador.
Para que la cesión sea efectiva, el Ayuntamiento deberá solicitar a la Generalitat el solar y acreditar la finalidad pública del mismo y su uso social. En la actualidad, el grupo de 38 viviendas se encuentra vacío y en estado de ruina. Inicialmente era un grupo compuesto por 94 viviendas, de las que 56 fueron demolidas y ahora quedan 38 restantes. Durante años se han producido muchos conflictos en este edificio y ahora, por fin, ambas instituciones han hallado una solución consensuada entre las partes, “la única, en toda la historia de las reivindicaciones, que aborda el derribo sin permutar por ningún solar a cambio”, tal como ha agradecido Galí a la consellera ante los vecinos que han asistido a la comparecencia pública.
Los estudios realizados mostraron que el coste de rehabilitación integral del edificio supera el 50% del valor de una edificación similar de nueva planta y, además, el edificio está fuera de ordenación. A ello hay que sumarle que este derribo también da respuesta a las demandas de los vecinos de Almassora.
Viviendas en cooperativa o con alquileres asequibles
La consellera ha recordado que, aunque en Almassora finalmente no se ha optado por la construcción de viviendas en otros solares, muchos municipios de la Comunitat sí que han apostado por promover suelo para la construcción de viviendas que garanticen el alquiler asequible a los ciudadanos. “En la Comunitat hay muchos jóvenes menores de 35 o personas que aunque tienen un trabajo no se pueden permitir acceder a una vivienda en el mercado libre, por ello, la Generalitat está promoviendo viviendas que garanticen el acceso y alquileres asequibles”, ha indicado Salvador.
En ese sentido, ha destacado el interés que ha despertado el concurso impulsado por la Conselleria para la constitución de un derecho de superficie sobre siete parcelas de la Generalitat en varios municipios para la construcción y gestión de viviendas protegidas a favor de cooperativas de viviendas.
Con este concurso se inicia la primera de las tres fases que constituye el Plan de Gestión Integral de Suelo que Vivienda está llevando a cabo con el objetivo de implantar medidas que impulsen la revitalización urbana, la reducción de los precios de las edificaciones y aumente el parque público de viviendas. Todo ello para dar respuesta a la demanda habitacional de los ciudadanos de la Comunitat.
Las parcelas que se acogen están ubicadas en Gandia, Alzira, Torrent, Alicante, Alcoi, Sant Joan y Torrevieja y se estima que se podrán construir un total de 180 viviendas protegidas. En este concurso las cooperativas de vivienda adjudicatarias serán la titulares del derecho de superficie por un plazo máximo de 75 años y cederán a los socios el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente. Al finalizar dicho plazo, el suelo y la edificación revertirán en la Generalitat, es decir, vuelve a ser de titularidad pública.
Además, la Conselleria también está trabajando en los pliegos de un concurso que estará dirigido a promotores privados que construyan viviendas en alquiler asequible. Una iniciativa que, según ha recordado Salvador, “podría haberse realizado también en Almassora para facilitar el acceso a la vivienda a un segmento de la población como los menores de 35 años que en estos momentos tienen muchas dificultades de independizarse y acceder a una vivienda en el mercado libre”.
