La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio evita pronunciarse sobre el derribo del Grupo B que urge ahora Almassora. Fuentes del departamento autonómico que encabeza María José Salvador manifestaron que «respetan la autonomía municipal», pero que «esperarán a recibir la notificación del pleno del Ayuntamiento» para evaluar su postura frente a la regeneración del entorno del edificio 167 de la avenida José Ortiz, la cual fue acordada hace ahora un año en un convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento, dotado con 1,7 millones.

Un polémico acuerdo que suscribió la propia alcaldesa, Susanna Nicolau, dejando de lado el acuerdo plenario adoptado nueve días antes referente a que iban a solicitar al Consell el derribo. Precisamente, esta cambio de postura cayó como un jarro de agua fría sobre los vecinos de la zona, que reclaman la demolición de un bloque que durante años fue foco de marginalidad y delincuencia. Por ello, en el último pleno, Nicolau instó a la Generalitat al derribo, como «única salida», para cumplir con «las peticiones trasladadas por residentes de zonas cercanas». Ahora el Consell tiene la última palabra sobre el futuro del edificio. H