La sentencia que debe pagar el Consorci Castelló Nord por la expropiación de los terrenos de la planta de tratamiento de basuras de Cervera (2,2 millones de euros) ahonda en los problemas de la falta de liquidez que arrastra el ente.

Y es que, tal y como alertó el diputado popular Mario García «todos los años, al inicio del ejercicio, se pide un préstamo de tres millones de euros para hacer frente a los gastos de la concesionaria de las instalaciones de tratamiento. Esta vez, no se ha presentado ninguna entidad financiera, así que el fallo judicial no implica más que un problema añadido».

García indicó que en la actualidad «aún no se ha hecho la liquidación del remanente y no se puede pagar». Es por este motivo que, según ha podido saber este diario, ayer, al conocerse que será el ente y no el consistorio cerverino quien tendrá que abonar el nuevo valor de parte de los terrenos que se utilizaron para construir la infraestructura, un buen número de alcaldes mostró su preocupación por que «la calidad del servicio que ahora se presta se vea mermada».

Cabe recordar que el consorcio está integrado por 49 ayuntamientos (60%), la Generalitat valenciana (25%) y la Diputación (15%). En su mano está la resolución del problema.