El Jueves Santo, cuando municipios turísticos de la provincia de Castellón como Peñíscola y Orpesa habían colocado días atrás bloques de hormigón para reforzar la seguridad en algunas vías secundarias con el objetivo de evitar desplazamientos masivos a segundas residencias, una carta firmada por la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, sembraba la discordia en sus ayuntamientos al ordenarles que eliminaran de inmediato esas barreras porque "impedían el libro acceso" a sus localidades.
Aunque inicialmente ninguno de los dos municipios tenía intención de rebajar la protección en esos puntos estratégicos (Peñíscola estaba a la espera de una respuesta en la que pedía más explicaciones y Orpesa aseguraba que no había recibido ninguna notificación en ese sentido), ayer, sábado, dos días después del aviso gubernamental, ambas localidades tuvieron que retirar finalmente los obstáculos de sus carreteras.
Peñíscola
El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, denunció que la Delegación del Gobierno, "sin responder" al escrito que les habían remitido y "sin garantizar el control de los accesos", no solo ha retirado los bloques de hormigón (de tipo new jersey), sino también a los policías militares que deberían haber reforzado este sábado la protección en la localidad. El primer edil se refiere al apoyo de una patrulla del Ejército que, según criticó, recién llegados al municipio, "una llamada les ha obligado a abandonar Peñíscola cuando sus órdenes de servicios eran permanecer todo el día" allí.
Martínez tilda estas decisiones de "inexplicables" e "irresponsables" y asegura que "alguien deberá dar muchas explicaciones", ya que dice "no comprender" cómo "nadie puede hacer política" con la seguridad de Peñíscola, "con el riesgo que corre la población". Por ello, a través de un vídeo en su cuenta de Facebook, el alcalde anunció que los servicios jurídicos del Ayuntamiento trabajan desde ya para "emprender acciones legales y, si es preciso, penales" contra la delegada autonómica del Gobierno, Gloria Calero.
Orpesa
Si bien en un principio decían que no habían recibido la notificación del Ejecutivo que les ordenaba a quitar los bloques de hormigón de las calles, el Ayuntamiento de Orpesa también retiró durante la jornada de este sábado los obstáculos fijos que habían colocado para evitar los desplazamientos de visitantes a sus segundas residencias. "Nos hemos visto obligados a eliminar las barreras y hemos acatado la orden de la Subdelegación del Gobierno", destacó la alcaldesa, María Jiménez.
"Ya he pedido a la subdelegada que extreme las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley", explicó, quien insistió en la necesidad y la obligación de que "ninguna persona se salte el confinamiento pasar estos días en sus segundas residencias", pues con este tipo de acciones "están poniendo en peligro la vida de nuestros vecinos y es algo que no vamos a permitir", advirtió la alcaldesa.
