Con un orden del día del pleno escueto, en el que destacaba un único punto referente al cumplimiento del plan económico aprobado en el año 2014, el contenido de las mociones volvió a acaparar el debate en la Vall d’Uixó. En concreto, cobró un protagonismo casi monográfico el cruce de acusaciones respecto a los diferentes casos de corrupción.

Elena Vicente-Ruiz, en la discusión de la moción del equipo de gobierno respecto a la implicación del PP local en la trama Gürtel, afirmó que ninguno de los concejales o cargos del PP de la ciudad han sido llamados por ningún juez para declarar «como investigados, ni siquiera como testigos en ningún procedimiento». Y no tardó en plantear como defensa un ataque, al hacer referencia al auto por el que se cita a la alcaldesa, Tania Baños, como investigada, para aclarar los indicios de un posible delito de prevaricación administrativa.

RESPUESTA DEL TRIPARTITO / «Ya quisieran ustedes que todos fuéramos iguales», dijo el portavoz socialista, Javier Ferreres, antes de asegurar: «No atienden los argumentos y explicaciones que se les han dado por activa y por pasiva, porque solamente quieren hacer daño a las personas».

Baños ofreció a todos los grupos municipales los informes que hacen referencia a las obras de ampliación de las aceras en el grupo La Unión, por cuya contratación deberá declarar ante un juez. Insistió en que la jefa del departamento de Urbanismo equivocó la cantidad económica por la que se deberían de haber pedido un mínimo de tres presupuestos, como ella misma reconoció en un informe que la alcaldesa volvió a presentar en el pleno.