El Ayuntamiento de Nules ha recibido un escrito remitido por el Ministerio de la Transición Ecológica en la que se informa de lo que el alcalde, David García, ha considerado «una gran noticia». Y es que la Dirección General de Costas ha iniciado el proceso de «información pública y oficial del proyecto básico para la estabilización del tramo de costa de les Marines», la única playa del municipio con bandera azul, situada en su franja más al sur.

El escrito confirma que Costas ha finalizado la redacción del documento técnico, cuya ejecución tiene un presupuesto de licitación de 3.444.956,11 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, aunque todavía quedan trámites burocráticos por completar. Tanto el proyecto como el estudio de impacto ambiental correspondiente se van a someter a información pública por un periodo de 30 días, a contar a partir de la publicación en el BOE.

En su misiva, el jefe del servicio provincial de Costas, Fernando Pérez, emplaza al consistorio a que remita «informe con las consideraciones que estime oportunas en el ámbito de sus competencias», para estudiar su inclusión en la iniciativa inversora.

De los detalles del citado proyecto destaca que, en su parte expositiva, afirman que «teniendo en consideración las elevadas tasas de regresión, se concluye que la costa no es sostenible en la situación actual». Para revertir esta problemática se proponen dos soluciones, la prolongación de los cuatro espigones actuales en este tramo de playa (entre 100 y 120 metros) y la regeneración con el aporte de sedimento «hasta alcanzar la anchura mínima de playa (30 metros) asegurando un resguardo mínimo en condiciones de temporal», concretan.

PRESIÓN VECINAL / El munícipe de Nules está convencido de que la publicación de este proyecto ahora es consecuencia directa de que hayan «salido a la calle. La movilización ha tenido resultado», de ahí que considere que han «de seguir en la lucha». Una táctica ofensiva que se inició con la reclamación de más de 30 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por la construcción del puerto de Burriana sin medidas paliativas aguas al sur, contra la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de esa localidad, actuales titulares. Otras medidas de presión fueron la concentración que tuvo lugar a principios de julio o las diferentes iniciativas de protección patrimonial de la primera fila de viviendas.