El equipo directivo del colegio público Jaime Sanz de Peñíscola presentó la semana pasada su renuncia a continuar un curso más en sus funciones, a pesar de que todavía quedaba un año hasta las próximas elecciones. Fuentes del centro detallaron que la causa de esta situación había que encontrarla en «motivos personales». Pero a primera hora de la tarde de ayer desde la Conselleria de Educación y Cultura difundieron que el origen de los cambios está en un caso denunciado a finales del pasado año, de posibles maltratos en el servicio del comedor escolar, dado a conocer por cuatro de sus trabajadores.
El departamento autonómico detalló que en este episodio «no hubo un cese formal, pero sí fue una decisión consensuada entre el equipo directivo, la inspección de educación y la dirección territorial», con el argumento de que era necesario «el buen funcionamiento del centro y una buena convivencia con la comunidad educativa del mismo».
En estos momentos, Educación y el centro están planificando el futuro de la escuela, para que el nuevo curso arranque con normalidad. Según pudo saber Mediterráneo, hay de plazo hasta el 1 de julio para completar la nueva estructura dirigente del Jaime Sanz. «Todo se ha hecho siguiendo el protocolo del plan de actuación e intervención de la Conselleria, junto a los inspectores».
ANTECEDENTES / Desde la Generalitat detallaron que los problemas que han desencadenado esta salida acordada tuvieron «su comienzo hace más de cuatro años», y que esta solución se produce al no haberse podido reconducir la situación, sin especificar otros motivos concretos.
La renuncia se produjo el 14 de junio y fue explicada al claustro el pasado viernes, último día de curso. Además, el martes hubo un consejo escolar en el que dierion cuenta del proceso de cambios para el ciclo 2019-2020.
En cuanto a los hechos denunciados por monitoras del comedor, tienen su origen hace cuatro años, al detectar presuntas conductas incorrectas de algunos compañeros, como maltratos a niños de corta edad, que fueron grabados en vídeo y mostrados a la inspección de manera extraoficial, con la consiguiente salida de una empleada. Más recientemente, al considerar las denunciantes que seguían las incidencias, decidieron acudir a la Fiscalía y exponer el caso ante los medios de comunicación, en diciembre. En ese instante, desde la Conselleria relataron que en su momento se activaron los mecanismos adecuados y circunscribió este caso a un conflicto laboral.
